La situación de Dulcidio De La Guardia, actual ministro de Economía y Finanzas, dentro del actual gobierno se hace cada día más insostenible al revelarse sus vínculos con el contrato de Cobranzas del Istmo S.A.
Lo triste es que el único que parece sufrir de una ceguera política es el actual mandatario, quien a pesar de los elementos de prueba que militan en la investigación, sigue sosteniendo a De La Guardia, pese a que el país entero sabe y quiere que Dulcidio declare y asuma su responsabilidad penal —si a ello diere lugar— en la presente investigación.
En la nota numerada 102-01-081-DVMF de fecha 8 de abril de 2011, enviada por el entonces viceministro del MEF Dulcidio De La Guardia a la Procuraduría, se informa a ese despacho del contrato suscrito con la empresa Cobranzas del Istmo S.A., relación contractual en la que al ahora titular del MEF dio su aprobación y apoyo, tal como lo declaró en su momento el imputado Luis Cucalón.
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Si el contrato era bueno entonces, ¿por qué ahora no lo defiende?, ¿doble moral?
Los hechos están planteados con meridiana claridad, ahora les corresponde a los protagonistas actuar, por un lado la fiscal cuarta anticorrupción Ruth Morcillo debe llamar a declarar al titular del MEF, por otro lado al propio De La Guardia, que en un acto desprendimiento y responsabilidad cívica debiera aclarar todo ese embrollo y por el otro, el presidente de la República, quien en caso de que Dulcidio no concurra, separarlo de su cargo, ya que su renuencia a declarar sería a todas luces un indicio de mala justificación.
Si realmente lo que se quiere es una investigación justa, objetiva e imparcial, la fiscalía debe llamar a aquellos sujetos, cuyos nombres emerjan de la instrucción sumarial, eso está claramente definido en el Código Judicial; si no lo hace, es una omisión imperdonable, que incluso raya en lo delictivo.
Para disipar esa percepción nacional de selectividad en la justicia, el ente investigativo debe de citar a cada uno de los mencionados en el caso y establecer el grado de responsabilidad que le toca: no hacerlo es favoritismo y ceguera judicial.
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