Cannon y Dobbs, fueron dos dirigentes del Partido Socialista de los Trabajadores que, junto a otros 16 compañeros de lucha, resultaron acusados, condenados y llevados a prisión en 1941, bajo cargos federales de “conspiración”, en lo que se conoció como “caso fabricado de Minneapolis”. Fue la primera vez que se aplicó la Ley Smith, conocida popularmente como “Ley Mordaza”, promulgada por el presidente Franklin D. Roosevelt en 1940, con el objetivo de silenciar a la vanguardia sindical y el movimiento obrero que se oponía a la entrada de los EE.UU. en la Segunda Guerra Mundial. El socialismo en el banquillo de los acusados es el testimonio completo que James P. Cannon —en ese momento como secretario nacional del Partido Socialista de los Trabajadores— dio desde el estrado de un tribunal federal en Minneapolis en el transcurso de tres días de noviembre de 1941. Testimonio que se convirtió en una denuncia política y en programa comunista para la vanguardia combativa de la clase trabajadora.
Como bien señala Clark en su introducción a 50 años de operaciones encubiertas en EE.UU, los hechos que se describen y analizan en este libro constituyen un hito histórico: “Una organización comunista estaba entablando una demanda contra el gobierno capitalista, en vez de verse obligada a defenderse y a defender a sus miembros contra un caso fabricado por policías y fiscales. Los trabajadores comunistas —junto con otros sindicalistas, agricultores y partidarios de los derechos civiles— eran los demandantes, y las agencias y funcionarios del gobierno eran los acusados. Y no al revés”.[1]
Asimismo, en el artículo de Larry Seigle se reconstruye todo el proceso que condujo a que en 1973, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y la Alianza de la Juventud Socialista (AJS), dos organizaciones comunistas en los EE.UU. llevaran a corte al Buró Federal de Investigaciones (FBI), al Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y a otras agencias policiacas, por los años de espionaje, hostigamiento, y las campañas guiadas a desorganizar e interrumpir sus actividades. Después de muchos años de lucha legal y, sobre todo, de lucha política, el 25 de agosto de 1986, el juez federal Thomas Griesa emitió su fallo contra el FBI y a favor del PST. El fallo incluyó la decisión de prohibir el acceso a las agencias gubernamentales a usar cualquier información en los 10 millones de páginas que el FBI acumuló ilegalmente para hostigar a los miembros del PST y de la AJS.
Si bien constituyó algo muy inusual en la historia de los EE.UU., el hecho de que estas organizaciones comunistas hubiesen logrado sentar en el banquillo de los acusados al gobierno, más aun lo fue que resultaran vencedoras después de muchos años de intenso bregar. Los que piensen que la razón de esta victoria estuvo en la lucha legal, se equivocan, pues el triunfo fue el resultado de una aguda lucha política entre las clases en conflicto.
Una mayor comprensión de este desenlace, lo brinda el trabajo de Seigle, al remontarse a los orígenes de la guerra del FBI y otras agencias gubernamentales contra los derechos democráticos de los ciudadanos estadounidenses, en los años del gobierno de Franklin D. Roosevelt. Nos explica cómo ese tipo de prácticas comenzaron en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y no como sostienen algunos autores durante el auge del macarthismo en los años 50 o cuando la lucha por los derechos civiles alcanzó su mayor madurez en los 60.
Se describe cómo la administración Roosvelt aprovechó el marco de la segunda guerra mundial y la lucha contra el fascismo para darle rienda suelta al FBI —encarnado en la figura de Edgar Hoover— y arremeter contra los derechos democráticos y constitucionales de sus propios ciudadanos. Los grupos sindicalistas, los afronorteamericanos, los activistas que luchaban contra la guerra y por la emancipación de la mujer y las organizaciones comunistas como el PST y la AJS, fueron los primeros y principales objetivos.
Bajo el precepto de “seguridad nacional”, todo era permisible, el mismo recurso lingüístico que empleaban en política exterior para agredir, invadir y subvertir procesos revolucionarios en otros países. Al discurso de la necesaria unidad nacional para enfrentar el avance del fascismo, se sumó el Partido Comunista de los Estados Unidos. El mismo que luego, cuando la URSS firmó con Alemania el conocido pacto de no agresión, rompería su alianza con la administración Roosevelt. La única explicación para entender esta posición es que su brújula estaba orientada hacia y por la URSS, mal del que padecieron también otros de los partidos comunistas en América Latina después de la muerte de Lenin y el ascenso de Stalin al poder en la Unión Soviética.
Las organizaciones e individuos que entendían que EE.UU. tenía que luchar contra el fascismo exterior, pero también contra el interior que segregaba, discriminaba y vejaba a los negros, chicanos y japoneses, eran acusados de divisionistas, encarcelados y reprimidos, pues según el gobierno todos los esfuerzos debían concentrarse en ese momento en ganar la guerra y en mantener la unidad nacional. Los independentistas puertorriqueños, como también nos muestra el libro que presentamos, sufrieron una intensa persecución del FBI en esos años.
El artículo de Seigle se detiene en el período macarthista, en los años 50, cuando los miembros y simpatizantes del partido comunista se convirtieron en las principales víctimas de la cacería de brujas del gobierno estadounidense.
Queda enjuiciado el programa secreto de contrainteligencia y contrainsurgencia del FBI conocido comoCointelpro, abreviatura de Counterrintelligence Program, aprobado en 1956 por el presidente Eisenhower en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional. Este programa estuvo dirigido a socavar y destruir cualquier tipo de disenso a lo interno de la sociedad estadounidense, utilizando métodos sucios y anticonstitucionales, como falsas pruebas, trampas y la infiltración de agentes y provocadores. No solo se trató de espiar y obtener información sobre los grupos pro derechos civiles y antibelicistas y sus principales líderes, sino de desacreditarlos, desmoralizarlos, ponerlos a enfrentarse entre sí, e incluso, en algunos casos, eliminarlos físicamente. Los principales objetivos de este programa fueron nuevamente los miembros del Partido Comunista, del Partido Socialista de los Trabajadores, del Partido Panteras Negras, otros grupos y partidos defensores de los derechos civiles, antibelicistas y religiosos, así como líderes de la talla de Angela Davis, Marthin Luther King, Malcom X, Mumia Abu Jamal, entre otros. Este programa estuvo aplicándose durante toda la década del 60 e inicios de los 70.
Hoy se conoce sobre este programa secreto gracias a los que podemos llamar los antecesores de Edward Snowden en los años 70: un grupo de ocho jóvenes pacifistas que penetraron las oficinas del FBI en Media, Pensilvania, el 8 de marzo de 1971, sustrajeron de manera clandestina cientos de documentos y comenzaron a enviarlos a varios periódicos estadounidenses identificándose como “Comisión Ciudadana para Investigar al FBI”. Entre la lista de documentos revelados había una carta con la que los agentes del FBI habían querido chantajear al reverendo Martin Luther King Jr, al que amenazaban con denunciar sus aventuras extramatrimoniales si no se suicidaba. [2]
Aunque por medios oficiales se afirma que el programa Cointelpro fue descontinuado después de todos los escándalos salidos a raíz de Watergate y las audiencias del Church Committe en 1975,[3] según el investigador cubano Eliades Acosta: “existen numerosas evidencias y documentadas denuncias que indican su permanencia y expansión bajo otra cobertura, otras denominaciones, y quizás, con técnicas y procedimientos mucho más sofisticados”.[4]
Luego, los atentados del 11 de septiembre del 2001, brindaron un pretexto ideal a la administración Busch para un nuevo impulso y expansión de este tipo de técnicas y procedimientos, a través del Acta Patriótica, la legalización de la tortura, los golpes preventivos y asesinatos selectivos.
Muchas personas hoy en el mundo se muestran totalmente sorprendidas con la revelaciones hechas por el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) Edward Snowden sobre el sistema de vigilancia y espionaje mundial practicado por el gobierno de los EE.UU. no solo contra lo que consideran sus enemigos, sino también contra algunos de sus aliados y sus propios ciudadanos, violando tanto las leyes internacionales, como la constitución del país. Sin embargo, el Comandante en Jefe, Fidel Castro, había estado denunciando durante 20 años este proceder[5] y libros tan necesarios como el que hoy presentamos, demuestran que la vigilancia ilegal y sistemática para obtener información —aunque no tan sofisticada como la de hoy— en función de propósitos oscuros, no constituye un fenómeno nuevo, sino que ha sido una práctica constante de los gobiernos norteamericanos.
50 años de operaciones encubiertas en EE.UU., aporta también —especialmente a los lectores cubanos— una importante experiencia a tener en cuenta en la lucha de nuestro pueblo por la liberación de los antiterroristas cubanos que aún cumplen injustas condenas en los EE.UU. La disputa del PSP y de la AJS contra el gobierno estadounidense y sus fuerzas policíacas solo fue posible ganarla a través de una intensa movilización política. Los Cinco son presos políticos, por lo tanto, si bien la batalla legal es indispensable, lo que sacará definitivamente a nuestros héroes de prisión será la campaña política que sepamos llevar adelante, y conquistar, en ese caso, el sentimiento, la solidaridad y el acompañamiento del pueblo norteamericano. El próximo 27 de febrero, saldrá Fernando González de prisión, pero aún permanecerán en las mazmorras: Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Gerardo Hernández. Este último corre incluso peligro de morir en cautiverio si no logramos vencer en esta causa.
El caso de Los Cinco, al igual que el de Minneapolis en 1941, fue un caso fabricado por el gobierno norteamericano, con participación sobresaliente del FBI. Fueron acusados de espionaje y además, en el caso de Gerardo Hernández, de conspiración para cometer asesinato. Sin embargo, en mayo del 2001 la propia Fiscalía solicitó que se retirara la acusación formulada contra Gerardo, reconociendo que no podía sustentarla y en el 2009 la Corte de Apelaciones decidió revocar las sentencias impuestas por el cargo de “conspiración para cometer espionaje”, porque 14 jueces habían determinado por unanimidad que, en este caso, no había nada que afectase la seguridad nacional de los EE.UU., ni prueba alguna de espionaje.[6] Pero el gobierno estadounidense evitó nuevamente que se hiciera justicia y que estos acontecimientos se convirtieran en noticia.
Lo más perverso de toda esta historia es el hecho de que el gobierno norteamericano trató de vender una imagen de los Cinco como la de unos criminales que querían destruir esa nación, y al mismo tiempo, protegió a los verdaderos terroristas que actuaban en su territorio, de cuyos movimientos y planes tenían toda la información, buena parte de ella ofrecida por el propio gobierno cubano, poniendo en riesgo así no solo la vida de los cubanos, sino la de los propios ciudadanos estadounidenses.
El único “delito” de los Cinco consistió en haber penetrado las organizaciones que desde los EE.UU. practicaban el terrorismo contra Cuba. Terrorismo que ha costado al pueblo cubano 3478 fallecidos y 2099 incapacitados.
Algo que se divulga insuficientemente es que ese terrorismo contra la mayor de las Antillas también ha provocado dolor y daños materiales más allá de nuestras fronteras. No pocas son las vidas que se han perdido de ciudadanos de otros países, como los seis marinos franceses que murieron cuando el brutal sabotaje al vapor La Coubre en marzo de 1960, los 11 guyaneses y cinco norcoreanos fallecidos cuando la voladura en pleno vuelo del avión de Cubana en Barbados, en octubre de 1976, o Fabio Di Celmo, el joven turista italiano víctima de un acto terrorista contra Cuba, al explotar una bomba que ordenó poner Luis Posada Carriles en el Hotel Copacabana, en La Habana. La lista es mucho más amplia y las secuelas de dolor y sufrimiento de los seres queridos, incalculables. También por investigaciones realizadas se conoce que el territorio estadounidense fue el más afectado por el terrorismo de origen cubano en los años 70, como parte de lo que se denominó la “guerra por los caminos del mundo”.
Por estas razones sostengo que los cinco cubanos no solo son héroes de Cuba, son héroes del mundo, pues no solo hicieron grandes sacrificios por proteger la vida de los ciudadanos cubanos, sino de personas de cualquier nacionalidad, incluyendo a los estadounidenses. Mientras más personas conozcan esta verdad irrebatible, los barrotes de esas prisiones serán definitivamente destrozados. Como ha dicho Gerardo Hernández: solo “un jurado de “millones” les hará justicia.
Los Cinco, fueron acusados de “conspiración”, cuando la verdadera conspiración vino del gobierno estadounidense para someterlos a los más crueles e inhumanos castigos. La corte de Apelaciones de Atlanta en agosto de 2005, había decidido anular el juicio amañado que tuvo lugar en Miami, considerando el realizado como una crasa violación a los principios constitucionales de los EE.UU., pero las presiones del gobierno lograron a la larga una retractación. Ahora además sabemos, aunque los consorcios mediáticos que dominan la información se han encargado de silenciarlo, que parte de esta conspiración gubernamental consistió en el pago a la prensa local miamense y a otros periodistas reclutados, utilizando ilegalmente fondos del presupuesto federal, para desatar contra los cubanos toda una campaña sensacionalista, que influyera en la decisión del jurado.
Quisiera terminar mis palabras agradeciendo a la editorial Pathfinder, por toda la labor que han hecho de divulgación de la causa de los Cinco, rompiendo poco a poco los muros de silencio que se han levantado en torno al caso y abriéndole paso a la verdad en todo el mundo, pero en especial en el seno de la sociedad estadounidense. (Tomado de Dialogar, dialogar)
[1] Larry Seigle, Farrell Dobbs y Steve Clark, 50 años de operaciones encubiertas en los Estados Unidos, Editorial Pathfinder, Canadá, 2014, p.8
[2] Mark Mazzetti, “Emergen de las sombras los Snowden de los años 70 que denunciaron al FBI”, 8 de enero de 2014, Cubadebate. (Internet)
[3] El Comité Church es el término común en referencia a Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos para el Estudio de las Operaciones Gubernamentales Respecto a las Actividades de Inteligencia, un comité de Senado de EE.UU. presidido por el senador Frank Church en 1975.
No hay comentarios:
Publicar un comentario