El conflicto contractual entre la Autoridad del Canal de Panamá y el Grupo Unidos por el Canal ha tenido, entre otras, la virtud de traer de vuelta al Canal al terreno del debate público en Panamá. Con ello se anuncia el fin – quizás, ojalá – del intento de proteger a la operación del Canal de los males políticos de la sociedad a cuyo servicio se encuentra, y se abre la posibilidad de enfrentar aquel riesgo encarando esos males.
Así planteado el problema, la pregunta clave viene a ser la siguiente: si el Estado controla el Canal, ¿quién controla al Estado? La búsqueda de una respuesta a una pregunta así planteada obligaría a abrir un debate del mayor interés sobre una serie de temas conexos. Por ejemplo, si en 1994 el Gobierno nacional consideró necesario aislar el Canal de Panamá de los vaivenes de la política criolla, que expresaba a su vez las formas de organización de la economía y la sociedad panameños, ¿por qué no se consideró transformar esa economía y esa sociedad de modo que se convirtieran de elemento de riesgo en factor de estímulo y apoyo a una gestión eficiente del Canal?
La respuesta no podría ser más evidente: aquel gobierno era expresión de aquel país, y cualquier intento de cambiar el país hubiera significado su propia liquidación. Por lo mismo, en vez de abordar el desafío en su raíz, las autoridades estatales hicieron del Canal el espejo donde los panameños podemos contemplar a diario lo peligrosos que somos para nosotros mismos, debido a nuestra incapacidad para encarar los problemas de fondo que arrastramos desde (al menos) la derrota liberal en la Guerra de los Mil Días. Se fueron, así, por las ramas, y es la agitación del follaje por el diferendo administrativo sobre los costos de la ampliación del Canal lo que puede recordarnos – o no – que esas raíces existen.
Ernesto Pérez Balladares, Presidente de la República entre 1994 y 1999, dijo alguna vez que estábamos ante la disyuntiva de desarrollar el país o subdesarrollar el Canal. Nunca tuvo tanta razón como en estos días. Quizás ha llegado la hora de poner a la República en condiciones de encarar las responsabilidades que le corresponden. Para eso, habrá que empezar por preguntarse si la operación eficiente del Canal es compatible con la presencia de una sociedad democrática, equitativa y comprometida con la sostenibilidad de su propio desarrollo, y con un Estado que controle el Canal en correspondencia con esos propósitos.
La otra opción es persistir en la idea de que el Canal puede ser encerrado en un enclave de civilización que lo aísle de la barbarie del país que lo acoge. Que es tanto como decir que estamos dispuestos a explorar la ruta egipcia, que conduce a una sociedad que ha garantizado la operación eficiente de otro canal sin recurrir a la democracia desde mediados del siglo pasado. De escoger se trata. Aún podemos hacerlo. Ojalá lo hagamos bien.–
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