A doce años del traslado de los primeros detenidos de la llamada guerra contra el terrorismo, la continuidad de la utilización de la base naval de Guantánamo como centro de reclusión desnuda la doble moral de Estados Unidos. El régimen de encarcelamiento viola las mismas normas internacionales de derechos humanos, de acuerdo con las cuales Estados Unidos evalúa cada año la situación en la materia de otros países.
Barack Obama firmó poco días después de asumir la presidencia, en enero de 2009, la orden de que Guantánamo fuera cerrado en el plazo de un año. Sin embargo, al día de hoy, de los 155 hombres que permanecen alojados en Guantánamo, dos han sido condenados por una comisión militar y otros siete enfrentan cargos concretos. El resto no ha sido acusado formalmente ni tiene la perspectiva de que su situación se resuelva en un juicio, lo que es inadmisible. Todo preso de Guantánamo debe ser puesto en libertad si no existen pruebas suficientes para procesarlo o si éstas se obtuvieron mediante torturas o malos tratos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que también establecen que no deben realizarse juicios ante comisiones militares, sino ante tribunales civiles ordinarios.
Las últimas liberaciones de Guantánamo fueron las de tres ciudadanos chinos, trasladados a Eslovaquia, más de cinco años después de que su detención fuera declarada ilegal por un juez federal. Fue el 31 de diciembre de 2013 y entonces el Departamento de Defensa se declaró “agradecido al gobierno de Eslovaquia por este gesto humanitario y por su voluntad de apoyar los esfuerzos de Estados Unidos para cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo”. Lo que no dijo el Pentágono es que los tres detenidos podían haber sido puestos en libertad inmediatamente después de la sentencia de octubre de 2008 si el gobierno estadounidense hubiera estado dispuesto a permitirles quedarse en Estados Unidos.
Guantánamo fue elegida como prisión durante el gobierno del presidente George W. Bush, para no cumplir con la esencia del hábeas corpus, que es que todo detenido tiene derecho a ser llevado ante un tribunal, frente al cual el gobierno debe fundamentar jurídicamente su detención. Esta es la garantía básica que las personas tienen para defenderse ante el Estado de las protecciones arbitrarias. Sin embargo, en virtud del “derecho de guerra”, el gobierno de Estados Unidos hace que pasen años hasta que un preso de Guantánamo pueda acceder a una revisión judicial de su detención. Algunos de esos presos han sido vinculados por el gobierno con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Incluso la obligación que el gobierno norteamericano tiene de reparar a los familiares de los muertos en esos atentados requiere que los juicios se realicen.
Mientras tanto, los presos han sido torturados sin que nadie rinda cuentas por ello, lo que pone a Estados Unidos en una situación de grave violación a los derechos humanos. Washington ha condenado públicamente a países como Afganistán, Irak, Yemen, Pakistán y Rusia por favorecer una cultura de la impunidad y no promover el castigo de los funcionarios que cometen abusos.
“Visto retrospectivamente, toda la estrategia de detenciones e interrogatorios fue un error. Con nuestras acciones en Guantánamo, tanto las detenciones como la tortura, despilfarramos la buena voluntad del mundo hacia nosotros después de que nos atacaran”, dijo el mes pasado el general de división Michael Lehnert, que era el comandante de la base de Guantánamo en enero de 2002, cuando fueron trasladados allí los primeros detenidos. Es hora de que Estados Unidos ponga fin a la hipocresía y cierre Guantánamo.
Las últimas liberaciones de Guantánamo fueron las de tres ciudadanos chinos, trasladados a Eslovaquia, más de cinco años después de que su detención fuera declarada ilegal por un juez federal. Fue el 31 de diciembre de 2013 y entonces el Departamento de Defensa se declaró “agradecido al gobierno de Eslovaquia por este gesto humanitario y por su voluntad de apoyar los esfuerzos de Estados Unidos para cerrar el centro de detención de la Bahía de Guantánamo”. Lo que no dijo el Pentágono es que los tres detenidos podían haber sido puestos en libertad inmediatamente después de la sentencia de octubre de 2008 si el gobierno estadounidense hubiera estado dispuesto a permitirles quedarse en Estados Unidos.
Guantánamo fue elegida como prisión durante el gobierno del presidente George W. Bush, para no cumplir con la esencia del hábeas corpus, que es que todo detenido tiene derecho a ser llevado ante un tribunal, frente al cual el gobierno debe fundamentar jurídicamente su detención. Esta es la garantía básica que las personas tienen para defenderse ante el Estado de las protecciones arbitrarias. Sin embargo, en virtud del “derecho de guerra”, el gobierno de Estados Unidos hace que pasen años hasta que un preso de Guantánamo pueda acceder a una revisión judicial de su detención. Algunos de esos presos han sido vinculados por el gobierno con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Incluso la obligación que el gobierno norteamericano tiene de reparar a los familiares de los muertos en esos atentados requiere que los juicios se realicen.
Mientras tanto, los presos han sido torturados sin que nadie rinda cuentas por ello, lo que pone a Estados Unidos en una situación de grave violación a los derechos humanos. Washington ha condenado públicamente a países como Afganistán, Irak, Yemen, Pakistán y Rusia por favorecer una cultura de la impunidad y no promover el castigo de los funcionarios que cometen abusos.
“Visto retrospectivamente, toda la estrategia de detenciones e interrogatorios fue un error. Con nuestras acciones en Guantánamo, tanto las detenciones como la tortura, despilfarramos la buena voluntad del mundo hacia nosotros después de que nos atacaran”, dijo el mes pasado el general de división Michael Lehnert, que era el comandante de la base de Guantánamo en enero de 2002, cuando fueron trasladados allí los primeros detenidos. Es hora de que Estados Unidos ponga fin a la hipocresía y cierre Guantánamo.
*Mariela Belski es Directora ejecutiva de Amnistía Internacional-Argentina.
Tomado de Aporrea
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