Nuestra población y la opinión pública
norteamericana e internacional han recibido en las últimas semanas
abundante información sobre las revelaciones que la agencia de prensa
estadounidense Associated Press (AP) realizó el pasado 3 de abril acerca
de “Zunzuneo”, proyecto ilegaldiseñado, financiado e implementado por el Gobierno de Estados Unidos para subvertir el orden interno en Cuba.
El artículo de AP titulado “Estados Unidos creó secretamente un ‘Twitter cubano’ para provocar inestabilidad”,
permitió confirmar la implicación directa del Gobierno de Estados
Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID),
en la planeación, financiamiento y ejecución de este proyecto
clandestino, consistente en la creación de una plataforma especial de
servicios de telecomunicaciones ilícitos hacia Cuba desde el exterior,
con el objetivo de enviar a usuarios cubanos mensajes de contenido
político para influir en sus posiciones y alentarlos a actuar en contra
del gobierno.
El carácter secreto de este proyecto
quedó en evidencia al conocerse que fue ejecutado a través del empleo de
una extensa red de contratistas privados, empresas fachada, servidores
informáticos y cuentas bancarias en varios países, con el propósito
deliberado de ocultar la participación activa de agencias
gubernamentales norteamericanas en su consecución.
No hay dudas de que estamos en presencia de una
operación encubierta que, según la definición contenida en la
legislación norteamericana, en particular en la Ley de Autorización de
Gastos de Inteligencia de 1991, significa cualquier actividad del
Gobierno de EE.UU., para influir
en las condiciones políticas, económicas o militares en el exterior,
que se realice de manera tal que el papel de ese gobierno no sea
evidente o se reconozca públicamente.
Al respecto, llama la atención que este
proyecto viola la letra de la legislación norteamericana sobre las
operaciones encubiertas, que establece que el Presidente debe aprobar
previamente por escrito este tipo de actividades y que las agencias
involucradas deben informar íntegramente al Congreso sobre su
implementación, algo que no ocurrió en este caso.
La concepción y puesta en práctica de
este proyecto, que ha tenido una gran repercusión en Estados Unidos y
otros países, sobre todo en aquellos cuyos territorios fueron usados sin
su anuencia para esta afrenta contra Cuba, constituye una violación
flagrante de la soberanía de nuestro país.
Infringe, además, las regulaciones
internacionales referidas al uso de mensajes Spam y a la privacidad de
la información y las comunicaciones personales, al apoyarse en la
obtención ilegal de datos de usuarios cubanos y en el envío de mensajes
SMS a sus celulares, sin su conocimiento y consentimiento previo. El
Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales, adoptado en diciembre
del 2012, en el marco de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones
Internacionales, establece en su artículo 5B que los estados miembros
deben procurar tomar las medidas necesarias para evitar la propagación
de comunicaciones electrónicas masivas no solicitadas y minimizar sus efectos en los servicios internacionales de telecomunicaciones y los alienta a cooperar en este sentido.
Vale señalar que el Gobierno de EE.UU., nunca permitiría la ejecución de un proyecto como “Zunzuneo” en su territorio, sin autorización expresa.
Hacer algo así violaría las leyes anti-Spam, que protegen a los
usuarios de telefonía móvil de la recepción de mensajes no deseados, así
como las que prohíben de manera absoluta la realización de actividades
políticas, incluyendo la promoción de material informativo de corte
político en función de los intereses de un Estado o institución
extranjera, si la persona o entidad que pretende realizarlas no se
registra ante el Departamento de Justicia como agente extranjero.
Las informaciones expuestas por la
agencia AP sobre “Zunzuneo” confirman las reiteradas denuncias del
gobierno cubano y demuestran, una vez más, que el Gobierno de Estados Unidos no ha renunciado a sus planes subversivos contra Cuba,
que tienen como objetivo crear situaciones de desestabilización en el
país para provocar cambios en su ordenamiento político, económico y
social, y a los cuales continúa destinando presupuestos multimillonarios
cada año, que desde que fueran oficialmente instituidos, en
virtud de la sección 109 de la Ley Helms-Burton de 1996, superan la
cifra de los 260 millones de dólares, de los cuales, más de 95 millones
han sido aprobados durante el mandato del presidente Barack Obama.
Pero “Zunzuneo” no es el único programa de esta naturaleza que se ha diseñado por el Gobierno de EE.UU.,
contra Cuba en fecha reciente. Los fondos millonarios del Programa Cuba
de la USAID han sido destinados para iniciativas similares como “Conmotion”,
herramienta desarrollada por el Instituto de Tecnología Abierta (OTI)
de la New America Foundation, con sede en Washington, originalmente para
uso militar, y que consiste en la creación de redes inalámbricas
independientes en forma de “malla” para enlazarse con el exterior, fuera
de cualquier control gubernamental, lo cual permite desinformar a los
usuarios sobre la situación en su país y convocarlos a manifestaciones.
Otras entidades del Gobierno de EE.UU., como la Oficina de Transmisiones a Cuba, implementan proyectos ilegales como “Piramideo”,
que es también una plataforma de comunicación que promueve el envío de
mensajes masivos a usuarios en nuestro país. A este tipo de iniciativas y
a las emisoras Radio y TV “Martí”, le han sido asignados bajo el
gobierno de Obama 142 millones de dólares del presupuesto federal, y más
de 770 millones de dólares desde la fecha de su creación.
El Gobierno de EE.UU., brinda igualmente pleno respaldo al proyecto de la bloguera contrarrevolucionaria Yoani Sánchez,
de crear un medio de prensa digital, el cual es financiado totalmente
con dinero proveniente del exterior y tiene como propósito fundamental
alimentar las campañas de desinformación y difamación contra Cuba.
Para justificar la ejecución y promoción de proyectos de esta naturaleza contra Cuba, el Gobierno de EE.UU.,
argumenta, entre otras razones, su interés en facilitar “el libre flujo
de información al pueblo cubano”, cuando es el propio gobierno y el
Congreso de ese país los que a lo largo de los años han promulgado
leyes, regulaciones y políticas, que impiden precisamente el libre
acceso a la información del pueblo de Cuba.
Entre las múltiples restricciones que EE.UU., impone al “libre flujo de la información”, se encuentran las siguientes:
• La política de bloqueo económico,
comercial y financiero prohíbe las exportaciones de tecnología y
equipamiento de telecomunicaciones.
• La Ley Torricelli de 1992 y la Ley
Helms-Burton de 1996 prohíben cualquier tipo de inversión por parte de
entidades estadounidenses en los servicios nacionales de
telecomunicaciones de Cuba.
• El bloqueo también prohíbe a Cuba la
adquisición de licencias de productos de software y niega el acceso de
entidades y ciudadanos cubanos a sitios y a servicios en Internet,
incluyendo sitios de información y herramientas técnicas como PC Tools y
Netbeans; y otras aplicaciones. Nombres reconocidos mundialmente como
Microsoft, Mozilla, Adobe, Sourceforge y Google, instrumentan desde la
Red de redes las prohibiciones del Gobierno de Estados Unidos contra
Cuba. En el caso de Google, los cubanos no pueden acceder a herramientas
como Google Analytic, Google Earth, Google Desktop Search y Google
Toolbar. Estas restricciones se hacen extensivas al uso de software
libres y de su navegador más popular Sourceforge por parte de Cuba, lo
cual viola las premisas de la Open Source Initiative, organización
dedicada a la promoción del software libre: la no discriminación contra
personas o grupos y la no discriminación contra esferas de actividad.
Incluso, se impide el acceso desde Cuba a aplicaciones que son ofrecidas
gratuitamente por sus autores en Internet, como son los casos de mathwork.com, ti.com, digikey.com, microchip.com y wmware.com.
• Cuba no puede conectarse a las decenas
de cables submarinos de fibra óptica que circundan la isla, lo cual
obliga al país a buscar alternativas más costosas para incrementar la
conectividad a Internet. Paradójicamente, el Gobierno de EE.UU.,
ha anunciado sus planes de llevar un cable submarino hasta el
territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval en Guantánamo, en
franca violación de la soberanía de Cuba.
• En virtud de la política de bloqueo, la
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro aplica sanciones a empresas de telecomunicaciones estadounidenses
y extranjeras por prestar servicios a Cuba, como son los casos de las
compañías LD Telecommunications Inc., de Florida, multada en el 2010 por
21 671 dólares; y Ericsson Panamá, sancionada en el 2012 por 1 750 000
dólares.
• El Gobierno de EE.UU.,
ha permitido que ETECSA, como sucesora de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba, EMTELCUBA, haya sido despojada de fondos
depositados en bancos estadounidenses, resultantes de servicios
prestados entre ambos países, los cuales fueron ilegalmente congelados
como parte de la política de bloqueo.
• El Gobierno de EE.UU.,
es el único en el mundo que prohíbe a sus ciudadanos visitar Cuba
libremente, con lo cual impide los contactos, los intercambios, la
comunicación y “el libre flujo de información” entre ambos pueblos.
• La Ley Helms-Burton de 1996, en
su sección 109, prohíbe todo tipo de asistencia a Cuba, salvo aquella
que tenga como propósito promover la subversión interna.
El Gobierno de EE.UU.,
debe cesar sus acciones subversivas, injerencistas, ilegales y
encubiertas contra Cuba, que atentan contra la estabilidad y el orden
constitucional cubano, y respetar la soberanía cubana, el Derecho
Internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas.
Cuba no tolerará ningún tipo de actividad
subversiva ni de intromisión en sus asuntos internos y, como país
soberano, continuará defendiéndose y denunciando la naturaleza
injerencista de estos programas.
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