Las banderas sandinistas siguen en alto.

En apenas 18 años, el siglo XXI de América Latina ha experimentado dos oscilaciones políticas de envergadura. En el pasado, la región vivió cambios similares, pero no de manera tan seguidas. El siglo XXI, se inauguró con el triunfo (1998) del comandante Hugo Chávez, en Venezuela. Siguieron Lula, en Brasil, Kirschner, en Argentina, Evo Morales, en Bolivia, Correa, en Ecuador, Lugo, en Paraguay, Zelaya, en Honduras, el Frente Amplio, en Uruguay, el FMLN, en El Salvador, y el FSLN, en Nicaragua.

Hay que agregar a la Revolución cubana, que celebraba más de 40 años de triunfos. Además, se instalaron en el poder partidos socialdemócratas en Chile, Perú, Costa Rica y República Dominicana. De hecho, quedaron relativamente aislados los gobiernos conservadores de Colombia, Panamá y México. Para sorpresa de muchos, la vieja correlación de fuerzas que enfrentaba a EEUU a un continente dividido políticamente y subordinado a las exigencias de Washington, parecía haber cambiado.

Quienes pensaban así subestimaron la capacidad de EEUU. De una vez, puso en acción una agenda neoliberal para la región. Los llamados gobiernos de izquierda no eran socialistas, tampoco promovían revoluciones políticas. Todos tenían en común un programa que favorecía a los sectores sociales más marginados económicamente y reprimidos políticamente. La agenda de los gobiernos “progresistas” quería erradicar la pobreza y promover la inclusión política. Las propuestas de desarrollo y democracia se volvieron las ofertas cotidianas.

EEUU no aceptó los cambios y movilizó todos los recursos a su alcance para destruir los experimentos sociales en la región. La primera tarea fue desatar la “guerra mediática” que incluía tácticas psicológicas para tergiversar los programas de izquierda. La ofensiva consistió en declarar a los gobernantes progresistas enfermos mentales, en promover la idea de que eran ladrones y asesinos. Los medios más poderosos de EEUU citan a los Think Tanks financiados por el gobierno de Washington para desprestigiar a los gobernantes latinoamericanos. En segundo lugar, arremetían con un sistema judicial en contra de los líderes. Finalmente, lograban derrocar, desterrar, detener o eliminar a los gobernantes progresistas.

En la actualidad, la correlación de fuerzas entre los progresistas y los conservadores se ha dado vuelta y estos últimos se encuentran gobernando en la mayoría de los países de la región. Ahora son los países con gobiernos progresistas que se encuentran aislados. Es el caso de Venezuela y Bolivia, sobrevivientes de la ofensiva conservadora organizada por Washington. Cuba sigue siendo sometida a un bloqueo económico implacable.

También Nicaragua y El Salvador son países sometidos a las tácticas mediáticas de desestabilización. El caso de la patria de Sandino, merece un estudio a fondo (que no haremos aquí). Todas las tácticas utilizadas por EEUU en el Medio Oriente (la primavera árabe), en Europa oriental (las movilizaciones naranjas) y en Asia oriental (el movimiento de los paraguas) se están aplicando en Nicaragua. El gobierno sandinista de Daniel Ortega –llevado de la mano por EEUU– pactó con los gremios empresariales y la cúpula de la Iglesia católica, pensando que encontraría la fórmula para gobernar. Además, cometió el error de negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Algo parecido a un pacto con el diablo. Ortega logró el préstamo poniendo las jubilaciones a los pensionados como colateral. La protesta de los asegurados fue inmediata. Ortega canceló, de una vez, el pacto con el FMI. Sin embargo, EEUU ya tenía montada su estrategia. Desató en primera instancia una ofensiva de los empresarios y de la Iglesia católica. Enseguida, movilizó a la llamada sociedad civil entrenada, financiada y armada por los Think Tanks norteamericanos.

Ortega fue cuestionado en todos los medios de EEUU, Europa y el resto del mundo. Más aún, algunos sectores de la izquierda latinoamericana, mencionados más arriba, se sumaron a las denuncias, pidiendo incluso la renuncia de quien fuera uno de los nueve comandantes sandinistas que derrocaron a Somoza. Una facción sandinista de oposición al FSLN también se unió a los sectores más conservadores de Nicaragua, pidiendo la destitución de Ortega. Parecía un deja vu a la hondureña o brasileña.

El Grupo de Lima llevó el caso de Nicaragua a la OEA para denunciar al gobierno sandinista. Sus intenciones fracasaron, ya que una amplia mayoría entendió que existía una conspiración y no una intención de resolver el conflicto en la patria de Sandino. El FSLN tiene que avanzar introduciendo las nuevas generaciones en la dirección del país para neutralizar a EEUU y sus enemigos internos.