Panamá: ¿Quién lo hará?
¿Podrá haber transparencia en el uso de los fondos públicos manteniendo la misma conducción?
Por: Genaro López
La crisis institucional que vive el país no es posible resolverla con las actuales estructuras gubernamentales. Por ejemplo, el tema del nepotismo en la esfera pública, altamente cuestionado por la sociedad panameña, y recogido como propuesta en el período electoral por Juan Carlos Varela, ha quedado al descubierto como una de sus falacias. Según información de los medios de comunicación social, no solo registra más de 32 allegados o familiares, sino que él y sus más altas autoridades del gabinete justifican hoy el nepotismo. Al decir de Frenadeso, estamos bajo un gobierno de ‘familia es familia’. Siendo así, la pregunta es ¿habrá algún tipo de investigación sobre el particular?
En el caso de la corrupción, si se toma solo el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN), cuyo monto durante la administración de Ricardo Martinelli superó los 1200 millones de dólares, de los cuales al menos 400 millones fueron entregados en medio de la campaña electoral a diputados de la partidocracia, algunos de ellos reelectos, ¿habrá algún tipo de investigación? Según el MEF, todos los diputados que conformaron la Asamblea Nacional pasada, de gobierno y ‘oposición’ —unos más, otros menos—, pero todos recibieron su tajada del pastel; todos están embarrados.
Solo la alianza del actual gobierno, (Partidos Panameñista y Popular), supuestamente oposición, recibieron más de 55 millones de dólares; igual sucedió con el PRD, con más de 34 millones de dólares (mismo que pretende ocupar la Contraloría).
Para que se tenga una idea de la magnitud de este escándalo, podemos decir que los más de 400 millones repartidos entre los diputados representan más de 20 veces lo asignado por el financiamiento público a todos los partidos políticos y candidatos por la libre postulación juntos.
En cuanto al tema de la transparencia, es un hecho que la conducción de la economía y las finanzas del país ha quedado en manos de los mismos personeros que acompañaron, no solo durante la luna de miel CD-Panameñistas, sino más allá (Ver A. Vallarino y comitiva) al Gobierno de Martinelli.
La pregunta obligada: ¿No son ellos parte de la corrupción del Gobierno pasado? ¿Podrá haber transparencia en el uso de los fondos públicos manteniendo la misma conducción?
Por otro lado, mientras se establecen medidas de contención del gasto público, por el orden de 590.1 millones de dólares para lo que resta de la vigencia fiscal del 2014, ya Varela tiene programado su cuarto viaje al exterior, que no escapa a las acostumbradas comitivas que acompañan a los gobernantes con sus exorbitantes viáticos.
Siempre hemos cuestionado este proceder, no esperamos que este Gobierno enderece el rumbo, pues ya han sido gobernantes y los cuestionamientos de la población fueron los mismos. Para cambios reales, tiene que haber gobiernos éticos que cumplan con lo que establece la Ley, debe haber un movimiento social organizado que se convierta en fiscalizador del quehacer público.
Sin dudas, se requieren reformas dirigidas a establecer procesos y procedimientos eficientes de administración pública, así como nuevas estructuras institucionales. Garantizar políticas que aseguren la correcta transparencia en el manejo de los ingresos, egresos, recursos y bienes nacionales; licitaciones, compras directas y contrataciones públicas transparentes. Procesos claros de investigación, juicio y pena para los corruptos y corruptores. Estas tareas colocan la necesidad de levantar una Constituyente Originaria que refunde el país.
Una Asamblea Constituyente Originaria es Urgente, en la medida que estamos viviendo una crisis de la política, que se manifiesta en el hecho de que los representantes no representan los intereses de los representados. Una Constituyente Originaria autoconvocada, donde los diversos sectores de la sociedad panameña construyan la nueva Constitución que siente los pilares de una sociedad con equidad y justicia social, con pleno respeto de los derechos humanos.
*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
¿Podrá haber transparencia en el uso de los fondos públicos manteniendo la misma conducción?
Por: Genaro López
La crisis institucional que vive el país no es posible resolverla con las actuales estructuras gubernamentales. Por ejemplo, el tema del nepotismo en la esfera pública, altamente cuestionado por la sociedad panameña, y recogido como propuesta en el período electoral por Juan Carlos Varela, ha quedado al descubierto como una de sus falacias. Según información de los medios de comunicación social, no solo registra más de 32 allegados o familiares, sino que él y sus más altas autoridades del gabinete justifican hoy el nepotismo. Al decir de Frenadeso, estamos bajo un gobierno de ‘familia es familia’. Siendo así, la pregunta es ¿habrá algún tipo de investigación sobre el particular?
En el caso de la corrupción, si se toma solo el caso del Programa de Ayuda Nacional (PAN), cuyo monto durante la administración de Ricardo Martinelli superó los 1200 millones de dólares, de los cuales al menos 400 millones fueron entregados en medio de la campaña electoral a diputados de la partidocracia, algunos de ellos reelectos, ¿habrá algún tipo de investigación? Según el MEF, todos los diputados que conformaron la Asamblea Nacional pasada, de gobierno y ‘oposición’ —unos más, otros menos—, pero todos recibieron su tajada del pastel; todos están embarrados.
Solo la alianza del actual gobierno, (Partidos Panameñista y Popular), supuestamente oposición, recibieron más de 55 millones de dólares; igual sucedió con el PRD, con más de 34 millones de dólares (mismo que pretende ocupar la Contraloría).
Para que se tenga una idea de la magnitud de este escándalo, podemos decir que los más de 400 millones repartidos entre los diputados representan más de 20 veces lo asignado por el financiamiento público a todos los partidos políticos y candidatos por la libre postulación juntos.
En cuanto al tema de la transparencia, es un hecho que la conducción de la economía y las finanzas del país ha quedado en manos de los mismos personeros que acompañaron, no solo durante la luna de miel CD-Panameñistas, sino más allá (Ver A. Vallarino y comitiva) al Gobierno de Martinelli.
La pregunta obligada: ¿No son ellos parte de la corrupción del Gobierno pasado? ¿Podrá haber transparencia en el uso de los fondos públicos manteniendo la misma conducción?
Por otro lado, mientras se establecen medidas de contención del gasto público, por el orden de 590.1 millones de dólares para lo que resta de la vigencia fiscal del 2014, ya Varela tiene programado su cuarto viaje al exterior, que no escapa a las acostumbradas comitivas que acompañan a los gobernantes con sus exorbitantes viáticos.
Siempre hemos cuestionado este proceder, no esperamos que este Gobierno enderece el rumbo, pues ya han sido gobernantes y los cuestionamientos de la población fueron los mismos. Para cambios reales, tiene que haber gobiernos éticos que cumplan con lo que establece la Ley, debe haber un movimiento social organizado que se convierta en fiscalizador del quehacer público.
Sin dudas, se requieren reformas dirigidas a establecer procesos y procedimientos eficientes de administración pública, así como nuevas estructuras institucionales. Garantizar políticas que aseguren la correcta transparencia en el manejo de los ingresos, egresos, recursos y bienes nacionales; licitaciones, compras directas y contrataciones públicas transparentes. Procesos claros de investigación, juicio y pena para los corruptos y corruptores. Estas tareas colocan la necesidad de levantar una Constituyente Originaria que refunde el país.
Una Asamblea Constituyente Originaria es Urgente, en la medida que estamos viviendo una crisis de la política, que se manifiesta en el hecho de que los representantes no representan los intereses de los representados. Una Constituyente Originaria autoconvocada, donde los diversos sectores de la sociedad panameña construyan la nueva Constitución que siente los pilares de una sociedad con equidad y justicia social, con pleno respeto de los derechos humanos.
*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
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