Ismael García Gómez
La única lectura posible que cabe extraer de la preocupación de la UE en relación con los derechos humanos en Cuba
es la actitud discordante de la mayor de las Antillas en este tenebroso
asunto (en Cuba la educación, la sanidad o la infancia siguen siendo
derechos universales y otros, como la vivienda o el trabajo, firmes
aspiraciones no subordinadas a la tasa de acumulación de la clase
dominante), así como su resistencia a la homologación del sistema
político y económico. ¿Qué mayor violación de los derechos humanos que
el orden neocolonial existente, basado en relaciones desiguales e
impuesto por la fuerza, donde la UE juega un papel de liderazgo,
conjuntamente con Estados Unidos? ¿Cuál es la democracia que la UE
quiere para Cuba, la de la desestabilización y el golpismo, como está
ocurriendo actualmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador,
o la del saqueo de recursos, la dependencia financiera, la vil
explotación de los trabajadores, la exclusión social y los gobiernos
vendepatrias?
Si algo está fuera de toda duda es que
los grandes patrocinadores del nuevo orden mundial y de sus
instituciones no van a renunciar a que Cuba vuelva a formar parte del
patio trasero del imperio, utilizando para ello toda clase de armas de
destrucción masiva, desde la propaganda a la guerra de baja intensidad o
la intervención militar, sin que hayan logrado doblegar al bravo pueblo
caribeño durante más de 50 años de hostilidades. Al contrario, la
revolución ha venido manteniendo un claro discurso antiimperialista,
pacifista y solidario con los pueblos despojados de los derechos
humanos. Por mucho menos, otros pueblos han pagado su osadía con el
“castigo ejemplar” de los escuadrones de la muerte de la OTAN
y del Pentágono, en clara demostración de lo que significan los
derechos humanos y la democracia para los gobernantes de las grandes
potencias más allá de sus fronteras.
Sin embargo, el panorama no es muy
distinto cuando se trata de sus propios conciudadanos. ¿O estamos
equivocados? Si tuviéramos que guiarnos por la corriente de opinión
dominante en los países miembros de la UE, los derechos humanos estarían
garantizados, al igual que la democracia, el estado de derecho y la
libertad de expresión. Este es el mantra que el coro de grillos
mediáticos reproduce las 24 horas del día, 365 días al año, y no hay
nada que moleste más a los ciudadanos sometidos a tal nivel de sugestión
que la disonancia cognitiva. Cuando en la Alemania nazi se reproducía
hasta la saciedad que el pueblo judío era el problema, cambiar el sujeto
de la frase tenía a menudo graves consecuencias. Ahora sabemos que la
grandeza de aquel diabólico régimen fue el resultado de una prueba de
laboratorio dirigida por el ministro de propaganda (Joseph Goebbels),
consistente en transmutar las mentiras en verdades a través de su
repetición. ¿No estaremos ante un caso similar de control y manipulación
de la opinión pública?
Si reparamos en que el 1% privilegiado es
dueño de los grandes medios de comunicación y que la libertad de
expresión para una amplia mayoría consiste en evitar en todo momento
incurrir en disonancia cognitiva con lo que difunden aquellos sin ningún
tipo de autocensura (por mucho que se atente contra el derecho a una
información veraz), no parece que el escenario diste mucho del que había
en Alemania durante los años 30, aunque ya no sean los judíos los
chivos expiatorios ni existan campos de exterminio (al menos, de
momento). El hecho de que se haya logrado identificar en el imaginario
colectivo la libertad de expresión del pueblo soberano con la libertad
de expresión de un oligopolio mediático, que tiene como objetivo
fundamental el control y manipulación de la opinión pública, ha puesto
en manos de la clase dominante la más demoledora arma de destrucción
masiva contra los intereses de las mayorías humildes, incapaces de
reaccionar dialécticamente y de organizarse en movimientos alternativos,
y responsable de que las dictaduras clásicas, basadas sobre todo en
técnicas de represión, hayan sido sustituidas por dictaduras inspiradas
en técnicas de persuasión.
No parece muy correcto tampoco afirmar
que exista democracia en sociedades donde se alternan en el poder
partidos compromisarios de una insignificante minoría, cuyos privilegios
crecen a costa de los intereses de las mayorías, al igual que hablar de
estado de derecho donde gran parte de leyes son papel mojado y los
programas electorales son un reclamo publicitario dirigido a arrebatar
el derecho de sufragio a los ciudadanos. ¿Por qué el sufragio universal,
secreto y voluntario es sinónimo de dictadura en el caso cubano y ese
mismo sufragio es sinónimo de democracia en sociedades donde la opinión
pública y los partidos con opción de gobernar están bajo el control del
1% privilegiado? El hecho de que no se permita el pluripartidismo o la
inversión privada en medios de comunicación en la mayor de las antillas
está plenamente justificado como estrategia para impedir que el
imperialismo y emergentes poderes fácticos en una sociedad cada día más
desigual se hagan con el control de las instituciones políticas de la
revolución, que siguen siendo instituciones de la clase trabajadora, a
diferencia de los hegemónicos sistemas plutocráticos, en manos de la
minoritaria clase burguesa. Por otra parte, ¿de qué derechos humanos
estamos hablando cuando elegimos como modelo a naciones inmersas en un
proceso de liquidación de la sociedad del bienestar y las convertimos en
el contrapunto del ejemplo cubano?
Por mucha retórica y repetición que se
utilice en este análisis comparativo, convirtiendo las mentiras en
verdades, lo que está fuera de toda duda es que los derechos humanos, la
democracia y las libertades son aspiraciones inherentes al socialismo
cubano, mientras que son obstáculos (hábilmente sorteados) en el proceso
de acumulación capitalista. Una cosa es reconocer que el modelo cubano
es manifiestamente mejorable (como se hace en los lineamientos
económicos aprobados por el pueblo) y otra muy distinta convertirlo en
chivo expiatorio de todos los males, cuando es evidente que supera al
modelo plutocrático en multitud de aspectos (también en los relacionados
con la huella ecológica y el desarrollo humano) y que se ha visto
condicionado extraordinariamente por las agresiones y amenazas de las
grandes potencias imperialistas.
Si en algo deberíamos ser críticos es en
el hecho de que naciones como Cuba, Venezuela o Bolivia no adopten
claras iniciativas en sustitución del mandato representativo, que
desvincula a los representantes políticos de los electores y los declara
irresponsables en su actuación política, convirtiendo a las democracias
burguesas en sistemas autoritarios, algo que ya denunciara Juan Jacobo
Rousseau y que cayó en saco roto por la sencilla razón de que era la
única tabla de salvación de la minoritaria clase burguesa a la hora de
imponer sus intereses a las mayorías a través de una corrupta clase
política a su servicio. Del mismo modo que los contratos privados son
vinculantes y generan responsabilidades, debería existir un contrato de
mandato entre electores y representantes políticos, que tendría por
objeto un programa electoral convenientemente redactado. En el ámbito de
las ciencias jurídicas, el grado de vinculación y responsabilidad en
cualquier negocio jurídico (la relación entre electores y representantes
sería con diferencia el más importante) debería ser proporcional al
grado de capacidad jurídica, y no cabe la menor duda de que los cargos
políticos disponen de poderes especiales (legislativo, ejecutivo y
presupuestario) que deberían traducirse en un mayor grado de
responsabilidad y compromiso que el existente en el derecho privado. La
revocabilidad de los cargos es una iniciativa en esta dirección pero, no
nos engañemos, sustituir a un político sin compromiso concreto con los
electores ni responsabilidades por otro en similares circunstancias no
es una solución satisfactoria, sobre todo si la comparamos con el
mandato imperativo, aquí propuesto. Sería este el mejor modo de blindar
la democracia como gobierno del pueblo y, sobre todo, para el pueblo,
pero, justo es reconocerlo, las patadas al avispero (burgués e imperial)
acarrean graves consecuencias, algo que a menudo no se tiene en cuenta a
la hora de analizar los tímidos avances en los procesos de
emancipación.
La verdadera preocupación de quienes
gobiernan el mundo es que, tras más de 50 años de acoso y derribo, Cuba
continúe siendo una república de trabajadores unidos y libres de
esclavitud capitalista, como acreditan las multitudinarias
manifestaciones del primero de Mayo, en que el derecho a la
autodeterminación en base a los principios del socialismo humanista se
convierte siempre en la reivindicación principal. Sería un error que
ahora, con motivo de la apertura económica, los progresistas no cubanos
nos sintiéramos traicionados. Hemos sido nosotros (especialmente quienes
vivimos en el seno de las naciones que marcan la agenda de todos los
gobiernos del mundo) los que hemos traicionado al pueblo cubano al
carecer de valor suficiente para afrontar un proceso de cambios en
nuestras sociedades como el de 1959 y condenar con ello al pueblo
caribeño a una travesía del desierto heroica. Confiemos en que ese culto
y crítico pueblo sea plenamente consciente en esta nueva etapa de que
el objetivo de los empresarios capitalistas no es la creación de empleo
ni los derechos humanos o la democracia sino la creación de plusvalías y
que, con estas alforjas, el futuro de la Humanidad no puede ser más
pesimista. Y confiemos también en que las autoridades cubanas tengan en
alta consideración este razonamiento para rechazar cualquier inversión
que no genere utilidad social o que pueda afectar a los derechos humanos
del pueblo cubano.
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