NOTA DE
CONTRAINJERENCIA: Este texto publicadohace un año – marzo 2014 – del
investigador Jean-Guy Allard, señalaba ya la dudosa trayectoria del
político Adrián Oliva que denunció hoy el ministro boliviano, Juan Ramón
Quintana – ver texto. Oliva es el candidato de Unidad Departamental
Autonomista (UD-A) para la segunda vuelta por la Gobernación de Tarija,
“Adrián Oliva, es sinónimo de desnacionalización y es el eslabón de la
conspiración internacional contra Bolivia”, dijo el colaborador del
presidente Evo Morales.
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JEAN-GUY ALLARD – Alentados por
el golpe de estado de Ucrania que propulsó fascistas y hasta neonazis al
poder, políticos de la más rancia extrema derecha sudamericana están al
frente de una conspiración golpista contra Venezuela, que pretende
aprovechar otra ola de violencia para acapararse del poder. Encabezado
por Adrián E. Oliva, presidente de la
organización derechista Alianza Parlamentaria Democrática para América
Latina (APDA) y miembro de UNOAMÉRICA, junto a la diputada opositora
venezolana María Corina Machado, asociada a Leopoldo López, el complot
ya cuenta con millonario financiamiento de la NED norteamericana.
Oliva y Machado
trabajan en función de sumar parlamentarios de la ultraderecha regional a
sus objetivos desestabilizadores en Venezuela y continuar alentando a
gobiernos, miembros de parlamentos y ONG regionales a que presionen,
bajo el falso pretexto de los “derechos humanos”, al gobierno
bolivariano para eventualmente promover el establecimiento de un
gobierno de transición en ese país.
Oliva, Machado y
la diputada opositora argentina Cornelia Schmit, están en conversaciones
con diputados argentinos y colombianos para organizar una cumbre de la
APDA con el propósito de discutir la situación venezolana y desarrollar
su plan de apoyo a la oposición para el derrocamiento del gobierno de
Nicolás Maduro.
Pretenden organizar una delegación o
comisión de legisladores de la derecha latinoamericana, adscritos o no a
APDA para viajar a Venezuela en un momento que coincida con nuevas olas
de violencia de la oposición, para desde Caracas sacar una declaración a
la comunidad internacional, llamando a la formación de un gobierno de
transición. Simultáneamente se propondrían como “mediadores” en la
crisis de Venezuela para la conformación de dicho gobierno. Las
intenciones reales, por supuesto, son fomentar un golpe de estado en el
país.
Entre los “mediadores” propuestos, aparte
de la APDA, estarían UNOAMÉRICA la organización de nostálgicos del Plan
Cóndor, la seudo ONG Human Right Foundation, conocida por su
participación en un intento de magnicidio en Bolivia, y la red de
paramilitares del ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
La función “social” de la APDA, es
respaldar y “legitimar” los intentos de golpes de estado, asesinatos y
violencia que se generen en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y
demás países progresistas de la región. No puede resultar casual que se
haya creado esta supuesta alianza antes de comenzar el 2012, año
electoral en Venezuela, evidenciándose sus objetivos de desacreditar la
revolución bolivariana.
Los proyectos de Oliva
prevén emprender la campaña de apoyo a Leopoldo López, acción similar a
la que emprendió por el terrorista Alejandro Peña Esclusa, aliándose a
este y buscando liderazgo en la derecha.
Máximo representante en Venezuela de
UNOAMERICA, Peña Esclusa fue arrestado en Caracas con 900 gramos de C-4 y
detonadores, después de una denuncia por el salvadoreño Francisco
Chávez Abarca, un especialista del explosivo militar C-4 formado por
Luis Posada Carriles.
Mientras la Human Rights Foundation, es
una criatura de la CIA encabezada por uno de sus reconocidos agentes
Thor Halvorssen, quien no por coincidencia es también pariente cercano
de Leopoldo López. Fue cómplice del fracasado golpe contra el presidente
Boliviano Evo Morales, en 2009. La sucursal boliviana de la falsa ONG
de Halvorssen era dirigida desde Miami por el terrorista cubanoamericano
Armando Valladares, vinculado a la agencia de inteligencia
norteamericana, y miembro del circulo de amistades de Luis Posada
Carriles.
Oliva y su grupo
pretenden además utilizar el escenario de desestabilización en Venezuela
para que le sirva como punta de lanza en oxigenar las fuerzas de
oposición a los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Argentina y demás países
progresistas de la región.
Tanto la APDA como su representante, Oliva
Alcázar, son “hijos protegidos” de la extrema derecha del senado y
congreso estadounidense. Su financiamiento proviene de la NED y la USAID
mediante UNOAMÉRICA, que ha sido reiteradamente acusada por sus
vínculos con la CIA y que al mismo tiempo abastece monetariamente los
proyectos, viajes y eventos de la APDA.
Las enseñanzas terroristas para subvertir los países del ALBA y ganar dinero por esto, Oliva
las aprendió de Hugo Acha Melgar, boliviano prófugo por financiar el
terrorismo en Santa Cruz en el complot de 2009 y también asociado a
Human Right Watch y Human Rights Foundation.
Acha Melgar, le mostró a Oliva
“el camino del dinero de Washington” y las formas de captar fondos para
beneficio propio así como le enseñó que el negocio norteamericano de
las denuncias por falsas violaciones de los derechos humanos en países
incómodos para EE.UU. es de los más lucrativos, y sobre todo si son
contra los países del ALBA.
En Bolivia, el desespero de protagonismo de Oliva
le ha resultado más dañino para su carrera, ya que su intención de
posicionarse como líder de la derecha boliviana ante Europa y EE.UU. le
causó que todos los opositores le dieran la espalda. Esto acompañado de
las constantes denuncia de malversación de los fondos entregados,
específicamente utilizados para pagos a servicios de prostitutas, donde
todavía se comenta los escándalos del Hotel Savoy en Buenos Aires cuando
se negó a pagarle sus servicios a una de ellas.
El nivel de movilización y organización
de la ultraderecha regional contra el gobierno democráticamente electo
en Venezuela, solo es posible con el millonario financiamiento
procedente de EEUU y grandes intereses económicos vinculados a la
derecha que se destinan para la guerra sucia contra el gobierno de
Nicolás Maduro.
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