El texto elaborado por Bachelet privilegió a fuentes carentes de objetividad y excluyó casi en su totalidad la información oficial y elementos aportados por el Estado venezolano. Foto: Archivo.
Organizaciones sociales en Venezuela rechazan hoy el carácter discriminatorio y parcializado del informe de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Venezuela, Michelle Bachelet, pues, de acuerdo con las autoridades, «privilegia fuentes carentes de objetividad y excluye información oficial y elementos aportados por el Estado venezolano».
La expresidenta chilena, y actual funcionaria de la ONU, visitó la nación sudamericana del 19 al 21 de junio último, en respuesta a una invitación del presidente Nicolás Maduro. Finalizada la estancia, Naciones Unidas divulgó este jueves un documento sobre la situación de los derechos humanos en el país, que recibió 70 observaciones sobre errores de hecho por parte del Ejecutivo.
¿Cuáles son las principales omisiones del documento?
El documento omite los logros y avances alcanzados por Venezuela en temas de derechos humanos, transgrediendo las normas y principios que exhortan a realizar una evaluación objetiva y balanceada sobre los países que integran el Sistema de Naciones Unidas.
Asimismo, obvia cualquier referencia al intento de golpe de Estado ejecutado el 30 de abril de 2019, así como el impacto negativo de las 47 medidas coercitivas aplicados contra Venezuela desde 2014 por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.
Entre otros errores, tampoco se menciona que Venezuela destina el 75 por ciento del presupuesto a la inversión en el área social, como fue mencionado a la misión técnica que visitó Venezuela en el mes de marzo último y a la alta comisionada durante su estancia en el país.
El documento mencionó la necesidad de adoptar medidas para superar la crisis económica, pero se abstuvo de reclamar el levantamiento de las sanciones impuestas a Venezuela, a pesar de que el organismo internacional reconoció el impacto sobre los derechos humanos de la población en los Estados víctimas de tales acciones.
Rechazo en Venezuela
Diversas organizaciones han rechazado el informe. Entre ellas, las organizaciones no gubernamentales integrantes de la Red Venezolana de Derechos Humanos lamentaron profundamente ser ‘excluidas, invisibilizadas y discriminadas’ por la oficina de la alta comisionada de la ONU, e hicieron un llamado a ampliar y democratizar las fuentes de información acerca de la situación en el país sudamericano.
«Observamos que ha decidido no incluir ninguna de las informaciones que le hemos suministrado a su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, particularmente sobre los casos colectivos de vulneraciones a los derechos humanos, sus causas y responsables», plantea una carta dirigida a la exmandataria chilena.
Por su parte, el Comité de Víctimas de las denominadas guarimbas (acciones violentas de calle con fines políticos) precisó a través de la red social Twitter que Michelle Bachelet escuchó en persona testimonios de personas afectadas por la violencia opositora y se comprometió a incorporarlos en su informe.
‘Hemos sido defraudados’, subrayó la organización al precisar que la alta comisionada ‘invisibiliza a las víctimas y protege a los responsables de la violencia que tanto daño ha hecho al país. Es innegable la parcialidad con que opera la Oficina de la Alta Comisionada en relación con Venezuela’.
Contradicciones
La versión preliminar del informe de Michelle Bachelet contrasta con las declaraciones brindadas por la funcionaria el 21 de junio al término de su visita, cuando manifestó preocupación por el impacto negativo del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos contra la nación sudamericana.
En ese momento, la expresidenta chilena precisó que las sanciones implementadas este año por Washington sobre las exportaciones venezolanas de petróleo y el comercio de oro ‘están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica’.
No obstante, de acuerdo con el analista uruguayo-venezolano Pablo Siris Seade, dos semanas después Bachelet ya no condena el bloqueo, sino que se pliega al discurso de que el Gobierno se estaría escudando en este para no cumplir con sus obligaciones de garantizar alimentos.
(Con información de Prensa Latina)
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