Benzadón dijo que lo ideal sería redefinir en el Código Penal la tipificación del delito de corrupción, y establecerlo contra la administración pública y de ahí enlistar en formas como tráfico de influencias, peculado, tráfico ilícito y todas las demás vías.
El constitucionalista Miguel Bernal señala que más bien es un asunto de institucionalización por el alto grado de corrupción del órgano Judicial de Panamá.
En cuanto a las críticas de contratos con sobrecostos que involucran a varios ministros y exministros, Benzadón se fue por la tangente al decir que cada quien debería rendir cuentas.
El asunto es que la convención se da en un país con problemas de corrupción, según el diario La Prensa, el cual menciona numerosos casos revestidos por una coraza protectora.
Cita entre ellos a la exdirectora del Servicio Nacional de Migración María Cristina González despedida por tráfico humano, la exjefa de la Autoridad Nacional de Tierras Anabelle Villamonte por dudosas titulaciones de tierras, el director del Programa de Ayuda Nacional Giacommo Tamburelli por mal uso de recursos.
También renunciaron en medio de denuncias por irregularidades en manejos multimillonarias de fondos públicos los hoy exministros de Salud Franklin Vergara y de Obras Públicas Federico Suárez.
En la actualidad están complicados por contratos directos con sobrecostos los titulares de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino; de Seguridad, José Raúl Mulino y de la Pequeña y Mediana Empresas, Giselle Burillo, entre otros hasta llegar a 14, dice el diario.
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