Juan Manuel Karg.
La reciente expulsión de Bolivia de la ONG danesa IBIS abrió nuevas preguntas sobre el papel de las Organizaciones No Gubernamentales en los países de América Latina y el Caribe, en especial en relación a los gobiernos posneoliberales. A su vez, el anuncio de la salida de la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. -USAID- de Ecuador, tras la cancelación de los proyectos que la misma estaba realizando en ese país, mostró los límites de la “cooperación” que el imperialismo pretende brindar en nuestros países.
¿Cuáles son las funciones que puede brindar una ONG en nuestros países? ¿Hasta dónde se permite que las mismas puedan intervenir en asuntos internos, sin menospreciar la soberanía del pueblo y del gobierno en cuestión?
Son preguntas que se han dado en estos días en Bolivia, a raíz de la decisión del gobierno de Evo Morales de expulsar del país a IBIS. Según declaró Juan Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia, la ONG danesa “abusó de la hospitalidad de nuestro Estado y ya nos hemos cansado de que interprete de manera errada su papel en el país, el cual se limita al desarrollo de las comunidades”.
Quintana afirmó que esta no era una “decisión caprichosa”, al decir que el gobierno boliviano cuenta con pruebas fehacientes de los intentos de IBIS de incidir en la coyuntura política del país. “IBIS no estaba promoviendo el desarrollo, sino que operaba políticamente diciendo que el gobierno del presidente Evo Morales está extraviado, desorientando a las organizaciones sociales”, fueron sus palabras sobre esta ONG cuestionada, que ya había sido eyectada de forma similar -es decir, por los mismos motivos- de Ecuador. Las palabras de Quintana dejaron algo bien claro: en la decisión del gobierno boliviano primó un intento -casi instintivo- de salvaguardar la soberanía de un país (y un gobierno) que ha sido, durante estos años, de los más asediados de nuestro continente.
Al mismo tiempo en que sucedía esto, desde Quito se producían novedades relacionadas con la presencia de USAID en Ecuador. Es que, en estos días, llegan a su fin diversos programas de “ayuda económica-técnica” entre ambos, que habían sido firmados en el año 2007, durante la primer presidencia de Rafael Correa. De acuerdo a la información brindada por la agencia de noticias Reuters, USAID envió a Quito una carta para comunicar la cancelación de su ayuda por la imposibilidad de llegar a un acuerdo bilateral sobre su distribución. Según Reuters, USAID también habría aludido a la decisión de las autoridades ecuatorianas de no aceptar nuevos proyectos ni ampliar los ya existentes como razón para cancelar su ayuda.
El canciller Ricardo Patiño fue claro al respecto, al cuestionar los programas firmados, llamándolos “poco transparentes”. Incluso fue más allá, afirmando que “si USAID decidió irse, no les vamos a rogar que regresen”. Así, y sin mencionar directamente el caso, puso en consideración lo sucedido en Bolivia, al afirmar que “conocemos algunas malas experiencias que USAID ha tenido con algunos países hermanos, en donde ha habido clara intervención, participación de funcionarios de la entidad, en actuaciones de desestabilización”. Fue el 1° de mayo de este año cuando, en un acto público relacionado con el Día Internacional de los Trabajadores, Morales anunció la expulsión de USAID de Bolivia por “conspirar” contra su gobierno. Al justificar su decisión ante los medios, el mandatario boliviano había afirmado que “se trata de una cuestión de soberanía, de seguridad para el Estado”.
Como primera conclusión, una certeza: no es casual que ambos gobiernos adopten medidas similares frente a estos intentos de injerencia externa. Se trata de dos de los procesos de cambio social más radicales que tienen lugar en nuestro continente. Son, por esto mismo, experiencias por demás asediadas por un imperialismo que intenta avanzar sobre aquello a lo que no puede controlar. Las respuestas, por tanto, muestran una madurez creciente de estos procesos.
Quedan algunas preguntas: ¿Hasta que punto se pueden llegar a acuerdos con estos actores, visto y considerando los casos que mencionáramos en este artículo, sin dañar la soberanía nacional? ¿Cuál podría ser el interés de los gobiernos de América Latina y el Caribe en establecer, de acá en más, “cooperación” con agencias que, como vemos, presentan una difusa reputación democrática en nuestra región? ¿Pueden las ONG´s y agencias como USAID actuar “despojados” de un fin político que pareciera ser el fundamento de su propia existencia?
Los gobiernos posneoliberales de nuestro continente deberán analizar seriamente estos tópicos. Se trata, ni más ni menos, que de salvaguardar la soberanía de estos países, intentando evitar errores geopolíticos que puedan dar pie a una posible -y peligrosa- restauración conservadora en la región, para la que ya están trabajando firmemente los gobiernos de la Alianza del Pacífico. [Tomado de Sur y Sur]
¿Cuáles son las funciones que puede brindar una ONG en nuestros países? ¿Hasta dónde se permite que las mismas puedan intervenir en asuntos internos, sin menospreciar la soberanía del pueblo y del gobierno en cuestión?
Son preguntas que se han dado en estos días en Bolivia, a raíz de la decisión del gobierno de Evo Morales de expulsar del país a IBIS. Según declaró Juan Ramón Quintana, Ministro de la Presidencia, la ONG danesa “abusó de la hospitalidad de nuestro Estado y ya nos hemos cansado de que interprete de manera errada su papel en el país, el cual se limita al desarrollo de las comunidades”.
Quintana afirmó que esta no era una “decisión caprichosa”, al decir que el gobierno boliviano cuenta con pruebas fehacientes de los intentos de IBIS de incidir en la coyuntura política del país. “IBIS no estaba promoviendo el desarrollo, sino que operaba políticamente diciendo que el gobierno del presidente Evo Morales está extraviado, desorientando a las organizaciones sociales”, fueron sus palabras sobre esta ONG cuestionada, que ya había sido eyectada de forma similar -es decir, por los mismos motivos- de Ecuador. Las palabras de Quintana dejaron algo bien claro: en la decisión del gobierno boliviano primó un intento -casi instintivo- de salvaguardar la soberanía de un país (y un gobierno) que ha sido, durante estos años, de los más asediados de nuestro continente.
Al mismo tiempo en que sucedía esto, desde Quito se producían novedades relacionadas con la presencia de USAID en Ecuador. Es que, en estos días, llegan a su fin diversos programas de “ayuda económica-técnica” entre ambos, que habían sido firmados en el año 2007, durante la primer presidencia de Rafael Correa. De acuerdo a la información brindada por la agencia de noticias Reuters, USAID envió a Quito una carta para comunicar la cancelación de su ayuda por la imposibilidad de llegar a un acuerdo bilateral sobre su distribución. Según Reuters, USAID también habría aludido a la decisión de las autoridades ecuatorianas de no aceptar nuevos proyectos ni ampliar los ya existentes como razón para cancelar su ayuda.
El canciller Ricardo Patiño fue claro al respecto, al cuestionar los programas firmados, llamándolos “poco transparentes”. Incluso fue más allá, afirmando que “si USAID decidió irse, no les vamos a rogar que regresen”. Así, y sin mencionar directamente el caso, puso en consideración lo sucedido en Bolivia, al afirmar que “conocemos algunas malas experiencias que USAID ha tenido con algunos países hermanos, en donde ha habido clara intervención, participación de funcionarios de la entidad, en actuaciones de desestabilización”. Fue el 1° de mayo de este año cuando, en un acto público relacionado con el Día Internacional de los Trabajadores, Morales anunció la expulsión de USAID de Bolivia por “conspirar” contra su gobierno. Al justificar su decisión ante los medios, el mandatario boliviano había afirmado que “se trata de una cuestión de soberanía, de seguridad para el Estado”.
Como primera conclusión, una certeza: no es casual que ambos gobiernos adopten medidas similares frente a estos intentos de injerencia externa. Se trata de dos de los procesos de cambio social más radicales que tienen lugar en nuestro continente. Son, por esto mismo, experiencias por demás asediadas por un imperialismo que intenta avanzar sobre aquello a lo que no puede controlar. Las respuestas, por tanto, muestran una madurez creciente de estos procesos.
Quedan algunas preguntas: ¿Hasta que punto se pueden llegar a acuerdos con estos actores, visto y considerando los casos que mencionáramos en este artículo, sin dañar la soberanía nacional? ¿Cuál podría ser el interés de los gobiernos de América Latina y el Caribe en establecer, de acá en más, “cooperación” con agencias que, como vemos, presentan una difusa reputación democrática en nuestra región? ¿Pueden las ONG´s y agencias como USAID actuar “despojados” de un fin político que pareciera ser el fundamento de su propia existencia?
Los gobiernos posneoliberales de nuestro continente deberán analizar seriamente estos tópicos. Se trata, ni más ni menos, que de salvaguardar la soberanía de estos países, intentando evitar errores geopolíticos que puedan dar pie a una posible -y peligrosa- restauración conservadora en la región, para la que ya están trabajando firmemente los gobiernos de la Alianza del Pacífico. [Tomado de Sur y Sur]
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