Por Misión Verdad
Las autoridades venezolanas lograron detener un intento de hacer viajar a más de cien niños solos rumbo a Perú, para un supuesto encuentro con sus padres. Aunque en menor medida, esta estrategia del antichavismo recordó a la funesta Operación Peter Pan que separó a miles de niños cubanos de sus familias…
Una nueva operación de propaganda que incluye niños se activó este sábado 16 de diciembre en Venezuela, cuando por las redes sociales circuló la información de que funcionarios del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y el Fiscal 1° del estado Vargas retuvieron en Maiquetía a 130 niños venezolanos que se dirigían al Aeropuerto Internacional “Jorge Chávez” de Lima, Perú. Se trata de una operación de intoxicación mediática en el que el antichavismo en declive intenta huir hacia adelante.
La operación es dirigida desde Perú por el exdiputado Oscar Pérez, quien fuera dirigente del partido Alianza Bravo Pueblo y prófugo de la justicia venezuela desde el año 2010. Pérez creó una ONG llamada Asociación Civil Unión Venezolana en Perú desde la que ha estado activamente solicitando un “puente humanitario” para Venezuela.
Cabe recordar que su “exilio” se debe a una medida privativa de libertad dictada en su contra por convocar una marcha que terminó en agresión a reporteros, por lo que fue acusado de instigación para delinquir, asociación para delinquir y terrorismo.
En 2009 solicitó formalmente asilo territorial ante la cancillería del Perú manifestando ser un “perseguido político” del gobierno del presidente Hugo Chávez y de los representantes del resto de los Poderes Públicos de Venezuela, mencionando de manera muy particular a la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz.
Irregularidades del traslado y los niños como objetivo
El plan que dirige Oscar Pérez consiste en movilizar cerca de 400 niños venezolanos para “reencontrarse” con sus padres en Perú, en una primera etapa buscan trasladar a este país a 250 menores hasta los 17 años.
En la operación también participan algunos de sus familiares, Marta Molina, Georgina Pérezy Osmary Pérez, su esposa e hijas, quienes fueron temporalmente retenidas este viernes en la noche en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado Vargas. Ellas viajarían con los 130 niños junto a tres coordinadores de la ONG, en un vuelo charter que habría costado unos 70 mil dólares, monto costeado por empresarios a través de la fundación.
Los niños fueron dejados al cuidado de estas personas en el conocido Hotel Coliseo de la ciudad de Caracas, lo que no fue problema para la mediática que cubrió los hechos sino la acción del Estado ante una actividad inusual.
En sus declaraciones, Pérez manifestó que todos los niños tienen permisos de viaje y aludió a torturas, terrorismo psicológico y todo el lenguaje que amerita un montaje mediático. En realidad, los niños no tenían los permisos requeridos para realizar el viaje, por lo que su irregularidad en sí despejó las buenas intenciones que desde los medios se intentó catapultar.
Los medios han actuado de forma cartelizada para sensibilizar a la opinión pública con respecto al traslado de los niños y el “reencuentro con sus padres”, intentando mitigar las irregularidades encontradas y ocultando que los niños viajarían solos luego de quedar al resguardo de personas extrañas a sus padres en un hotel de Caracas, poniendo en riesgo su seguridad e integridad física, tanto en Venezuela como al llegar a Perú.
Más temprano y de forma anticipada, daban por hecho la salida de los niños del país, dato que no debe pasar desapercibido sobre todo si se trata de que el acontecimiento sea noticia mundial. Estamos ante una operación con fines propagandísticos de gran calado, que buscaba narrar el “exilio de niños” como parte de la “crisis humanitaria” y ganar terreno en la opinión pública ante la previsible actuación de la autoridad migratoria venezolana.
Sobre el caso el fiscal general Tarek William Saab confirmó que los niños se trasladarían en un vuelo charter, también sobre las graves irregularidades del traslado: permisos y autorizaciones falsas emitidas por un consejo de protección irreal, varias de ellas sin el consentimiento de sus padres y fraudes en la documentación, lo que posiblemente apuntaría a un caso inédito de trata de menores en Venezuela. La ONG y sus representantes en el país pasarán a ser investigadas.
Más allá del caso en sí, es necesario ver el panorama completo, el conjunto de operaciones y presiones que ocurren tras bastidores y cómo se ubica dentro del contexto actual: las actividades de Oscar Pérez y su franquicia “Una Luz de Esperanza” forman parte de una agenda de intervención en donde el término “humanitario” esconde sus verdaderas implicaciones.
Justamente esto es orquestado cuando el antichavismo no logra recuperarse de la derrota electoral del pasado 10 de diciembre y se ha sentado a dialogar con el Gobierno en República Dominicana, generando un fuerte rechazo en sus filas.
Hay un colapso en su agenda que amerita un hecho de conmoción para recuperar la ofensiva, al menos en la parrilla de los medios, sin importar si para ello los niños deben ser utilizados con fines miserables.
Esto ocurre a pocos días de la aprobación de una “Ley de asistencia humanitaria” en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos como mecanismo de presión al Gobierno venezolano para que acepte la intervención militar bajo la excusa de una crisis socioeconómica que viene siendo inducida e impulsada por el gobierno de EEUU y el antichavismo.
Esto ocurre a pocos días de la aprobación de una “Ley de asistencia humanitaria” en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos como mecanismo de presión al Gobierno venezolano para que acepte la intervención militar bajo la excusa de una crisis socioeconómica que viene siendo inducida e impulsada por el gobierno de EEUU y el antichavismo.
Con esta operación, dicha presión pasaría de lo estrictamente político al plano psicológico y mediático mediante la generación de malestar, incertidumbre y conmoción. También parece indicar que se trata de una operación psicológica de ablandamiento de la clase media venezolana, que se ha hecho sensible al tema migratorio debido a que el proceso de bloqueo económico induce a la incertidumbre e inseguridad, buscando motivarla para que recurra a mecanismos ilegales para sacar a sus hijos del país.
Este tipo de operación psicológica en la que se incluyen niños es ya un línea de propaganda utilizada por la mediocracia global no solo contra Venezuela sino en distintos escenarios de guerra como Siria.
En las guarimbas de este 2017 fueron utilizados niños en la vanguardia de confrontación contra los cuerpos de seguridad como “escudos humanos”, además del despliegue mediático, el plan ejecutado por la dirigencia opositora constituyó violaciones repetidas al artículo 32 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), que insiste en “la integridad física, psíquica y moral” de los infantes en Venezuela.
Un ejemplo: el pasado año 2016, la ONG Fe y Alegría, institución vinculada a la Conferencia Episcopal Venezolana, realizó una convocatoria de prensa a CNN, Radio Caracol y Reuters, entre otros medios alineados contra Venezuela, para difundir supuestos dibujos de niños donde mostraban un déficit de alimentación, al punto que publicaron la foto de una niña desnutrida en Colombia y la presentaron como si fuera de Venezuela.
En estos últimos dos años el antichavismo ha intentado simular robo de niños, muertes en hospitales públicos por desnutrición o por enfermedades de distinto tipo, como parte de su agenda mediática para ganar empatía en la opinión pública y a su vez estimular una intervención por razones “humanitarias”.
El expediente del “Estado fallido” en Venezuela no solo tiene la integridad de los niños como víctimas de primer orden, sino que su construcción viene realizándose desde hace varios años.
En estos últimos dos años el antichavismo ha intentado simular robo de niños, muertes en hospitales públicos por desnutrición o por enfermedades de distinto tipo, como parte de su agenda mediática para ganar empatía en la opinión pública y a su vez estimular una intervención por razones “humanitarias”.
El expediente del “Estado fallido” en Venezuela no solo tiene la integridad de los niños como víctimas de primer orden, sino que su construcción viene realizándose desde hace varios años.
Así, nuevamente, queda al descubierto el rol de las ONGs en la agenda intervencionista que hoy se desarrolla en Venezuela. A falta de partidos políticos operativos que movilicen a la ciudadanía, estas agrupaciones asumen la vanguardia en acciones encubiertas en las que son instrumento para ablandar a la población ante una intensificación de las presiones que ya la Administración Trump ejerce sobre ella, a medida que se extorsiona al Gobierno (en medio de la Mesa de Diálogo) con aceptar la “ayuda humanitaria” o ser víctima de un bloqueo financiero más feroz.
Sobra decir que detrás de cada “intervención humanitaria” hay negocios que no toman en cuenta las vidas que impactan sino que se enfocan en el tráfico de personas y relatos como mercancías, en este caso resalta el papel mediático de Perú como “puerto humanitario y de refugiados”, en ausencia del prometido “canal humanitario”. El gobierno (en aprietos) de Kuczynski ha sido el único del Grupo de Lima que ha flexibilizado su política migratoria con la “diáspora” venezolana, mientras otros como Panamá o Chile han comenzado a restringir el ingreso de venezolanos.
Símil con la Operación Peter Pan contra Cuba
El dispositivo propagandístico que esta vez detona el antichavismo recuerda a la Operación Pedro/Peter Pan, que constituyó uno de los mayores éxodos infantiles registrados en la historia moderna, con el cual más de 14 mil niños cubanos emigraron a los Estados Unidos entre el 26 de diciembre de 1960 y el 22 de octubre de 1962 (algunos sugieren que siguió funcionando aún mucho después), con la previa colaboración de las iglesias cubana y norteamericana, el Departamento de Estado y la CIA, además de redes contrarrevolucionarias activas en la Isla.
Poco más de la mitad de esos niños fueron acogidos durante semanas, meses e incluso años en campamentos juveniles, casas de adopción, orfanatos y hasta centros delictivos o de salud mental para menores esparcidos por más de una treintena de estados de la Unión. La mayoría logró reencontrarse con sus familiares tarde o temprano, aunque ciertamente no todos lo consiguieron. Otros sufrieron experiencias traumáticas, que van desde la separación de los padres hasta la convivencia solitaria en un medio y cultura desconocidos, incluyendo, también en casos más específicos, historias de abusos físicos, psicológicos y sexuales.
Se trata de desprestigiar la imagen de Venezuela en el exterior, que logra avances al dialogar con la oposición y enfrentar la guerra económica protegiendo a la población, para ello alteran fibras emocionales de la población con el fin de estimular zozobra, desconcierto y rechazo.
Cabe preguntarse cuáles esquemas de financiamiento y control de vidas humanas están detrás del “exilio humanitario” que dinamizan personas como Oscar Pérez y qué intereses económicos hay detrás del “canal humanitario” que desean crear. Más allá de sus intereses particulares y domésticos, está un andamiaje político buscando generar las condiciones para apropiarse de la soberanía mediante una combinación de estrangulamiento económico y propaganda.
Para ello y con buena parte de los recursos políticos, de presión internacional y de propaganda parcialmente agotados, acuden a los niños para oxigenar su agenda.
Según información suministrada por el fiscal general Tarek William Saab, los niños fueron entregados a sus respectivos familiares ante los fraudes en la documentación y los posibles delitos que podría cometer la ONG de Oscar Pérez contra ellos.
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