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martes, abril 10, 2018

La justicia panameña en entredicho con miras a la #CumbreDeLosPueblos.



Señor presidente Juan Carlo Valera, se le aconseja mejor que limpie su casa antes de lanzarle piedras al vecino. Pues como todos conocemos, la corrupción en su país está por los cielos y la justicia panameño sucumbida y sin vida dentro de esa corrupción de la cual usted es parte. No se con que moral, usted como gobernante hablará ante el auditorio de la VIII Cumbre de las Américas en Lima/Perú. Puesto que su gobierno no anda católico, y debería tomar el ejemplo de PPK en dimitir el cargo de Presidente de Panamá ya que una vez terminado su gobierno, no le quepa la menor duda de que la justicia panameña le pasar  factura. Y como dice sus amigo Ramon Fonceca Mora "Que me parta un rayo si usted no termina jusgado por la justica panameña"

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Por Osvaldo Rodríguez Martínez

Panamá (PL) Un popular comentarista local auguró esta semana que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, y su gobierno irán ante los tribunales tras las próximas elecciones de 2019, porque el oficialismo debe perderlas.

Mientras, el exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014) y sus seguidores se dicen víctimas de persecución política por lo que denominan 'justicia selectiva', en tanto la mayoría de los múltiples casos de corrupción involucran a la anterior administración, de la cual se dice que creó 'una red de corrupción desde el Estado'.

Los sondeos de opinión arrojan que el escepticismo predomina en la sociedad porque 'no va ocurrir nada', pero los despliegues mediáticos presentan filtraciones con elementos de las investigaciones, mediante los cuales se presume responsabilidad penal, en lo que constituye un juicio paralelo.


Acusaciones del Ministerio Público (MP) al Organo Judicial por lo que el primero considera bloqueos que generan impunidad, reciben respuesta del último arguyendo 'errores técnicos' de los fiscales, violatorios del 'debido proceso', mientras tribunales archivan expedientes y detienen investigaciones.

A diario se suceden denuncias públicas entre el tratamiento diferente de un acusado 'de cuello blanco' y 'el hijo de la cocinera', como llaman aquí a los presos más humildes: mientras unos habitualmente reciben medidas cautelares alejados de las rejas, los otros esperan años en las cárceles para que un tribunal los juzgue.


'Impera la percepción de corrupción e impunidad sobre todo en los casos de alto perfil', señaló un comentario de la encuestadora Dichter y Neira, que mensualmente sondea la opinión popular, al analizar la transparencia del gobierno en septiembre pasado, respaldada solo por el 12 por ciento de la muestra.

En los últimos tres años, el sistema de justicia solo juzgó y sancionó a un magistrado de la Corte Suprema, mientras fueron investigados decenas de ministros, otros altos exfuncionarios, empresarios y políticos, en su mayoría cercanos al gobierno pasado.

Manifestaciones masivas de sectores diversos claman por juzgar a los corruptos 'caiga, quien caiga', aunque analistas apuntan a intereses contrapuestos entre quienes están más cerca de los centros de poder, y las capas bajas de la sociedad, porque cuestionan la sinceridad de las clases altas.

Si bien hasta hace algún tiempo los casos más relevantes se centraron en presuntos delitos denunciados en las instituciones estatales durante el mandato de Martinelli, el estallido del escándalo de la constructora Odebrecht tensionó a la estructura política y empresarial por sus múltiples relaciones sin distingos partidistas.

A pesar de que la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, reiteró que la investigación se extenderá desde la llegada de la multinacional en 2006 hasta la fecha, públicamente solo se conocen involucrados relacionados con el gobierno anterior, cuya investigación la frenó recientemente un tribunal.

En tiempos de campaña política y cada vez que hay problemas con la administración de justicia, los políticos invocan a una asamblea constituyente como la fórmula para 'rescatar' la institucionalidad del Estado, aunque se olvidan de la misma al llegar al poder, opinó el diario La Estrella. Una crisis político-judicial pone en entredicho la capacidad del sistema panameño para juzgar con seriedad los hechos de corrupción, sobre los cuales los panameños reclaman saber la verdad y el castigo a los culpables, pero hasta el momento solo se repiten uno tras otro los shows mediáticos con presuntos culpables.

Quizás lo que algunos llaman 'la judicialización de la política' y otros 'la politización de la justicia' sea la clave de que está al borde del colapso el modelo asumido por el país tras la invasión estadounidense de 1989, según algunos analistas del patio, quienes hablan de 'refundar la nación'.

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