El incremento de los ritmos de crecimiento de la economía cubana, hasta alcanzar entre 6 y 8% alrededor de 2020, supone un notable aumento de las inversiones en los próximos años, luego de un descenso en la formación bruta de capital fijo, que de 26,3% del PIB en 1989 bajó al 5,2% en 1994, y sólo se recuperó hasta llegar aproximadamente a 8% en 2013.
En ese sentido, el país enfrenta un doble desafío.
Por una parte, se trata de recapitalizar sectores que sufrieron muy fuertemente los impactos de la crisis económica en los 90´, al tiempo que se desarrollan nuevas producciones. Así, por ejemplo, en el caso de la producción agropecuaria los niveles actuales de la productividad del trabajo todavía resultan inferiores a los obtenidos 25 años atrás, y en este resultado han incidido los bajos niveles de inversión ejecutados en ese período.
En efecto, en los últimos tres lustros los volúmenes de inversión en el sector pasaron de un magro 5,5% del total invertido por el país en 1999 a solo el 6,7% en 2012, lo cual no ha permitido hacer frente siquiera a la depreciación sufrida por los activos fijos, donde se registra, sólo en los tractores disponibles, una reducción de 9,7 veces entre 1989 y 2006.
Por otra parte, se requieren nuevas inversiones para desarrollar un nivel de infraestructura que posibilite la reducción significativa de insumos energéticos para operarla. Este sería el caso de las fuentes alternativas de energía, que -según se informó recientemente- demandan en nuestro caso una inversión de unos 3.000 millones de dólares para su desarrollo.
Estas realidades suponen un esfuerzo inversionista que el país no puede afrontar solamente con recursos propios, lo cual ubica en un primer plano la inversión extranjera directa como alternativa.
No obstante, para materializar esos recursos es preciso cumplir ciertos requisitos, pues se trata en esencia de obtener un financiamiento externo creciente y ello resulta imposible si no se atenúa el déficit de la balanza de pagos y no se honra el pago de la deuda.
En aras de lograr el primer objetivo el país transformó en los últimos cuatro años el déficit de la balanza comercial, que alcanzó el 5% del PIB en 2008, convirtiéndolo en un superávit de 2,1% en 2012.
Sin embargo, esos recursos resultaron insuficientes para cubrir el servicio de la deuda por pagar, por lo que se trazó una estrategia para renegociar esos adeudos.
Esta política ha logrado importantes avances en los últimos meses, y en tal sentido basta mencionar la condonación del 70 y el 90% de la deuda externa comprometida con México y la antigua URSS -asumida por Rusia-, respectivamente.
De tal modo, el primer obstáculo que debe vencer la nación para incrementar la inversión foránea consiste en incrementar la credibilidad mediante la normalización del pago de los adeudos pendientes con diferentes acreedores. Desde luego, esto supone dedicar cuantiosos recursos a ese objetivo a corto plazo, lo cual limita los ritmos de crecimiento en un plazo inmediato. No obstante, la política adoptada resulta indispensable para el desarrollo del país.
Tomando en cuenta estos elementos, Cuba relanzó la política de atracción de inversiones extranjeras mediante la aprobación de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel (ZEDM) en septiembre de 2013, la cual debe complementarse con una legislación más acorde con la actual coyuntura económica.
De ahí la importancia de la nueva Ley de Inversión Extranjera que discutirá este mes una sesión especial de la Asamblea Nacional.
Pudiera esperarse que esta nueva Ley aborde un conjunto de aspectos que profundicen en lo ya establecido para la ZEDM, incluyendo:
-Ampliar el carácter complementario de la inversión extranjera directa (IED) en relación con la inversión doméstica e implementando la aprobación descentralizada de la misma, tomando en cuenta los montos a comprometer y su carácter.
-La incorporación de otras formas de IED como las franquicias; los proyectos BOT, que suponen la construcción, operación y posterior transferencia de la propiedad de las inversiones; los holdings y la ampliación de las zonas francas.
-Definir el trato preferencial de la IED para la producción agropecuaria, la minería, el petróleo, la infraestructura, las producciones de media y alta tecnología, así como las producciones competitivas con capacidad para exportar.
-Establecer en la ley bonificaciones y exenciones fiscales y arancelarias posibles para la IED, tomando en cuenta lo ya previsto en la ZEDM.
-Flexibilizar el régimen de contratación de la fuerza de trabajo sin renunciar al control del sistema laboral de las asociaciones con el capital extranjero, utilizando una política salarial y fiscal más adecuada para ello, tomando en cuenta también lo ya establecido para la ZEDM.
-Estudiar el tratamiento que debe darse a las remesas que funcionan como financiamiento externo del sector privado y definir la política relacionada con estos flujos de capital en función de la IED.
-Establecer contratos de Estabilidad Jurídica para la IED, especialmente en lo referido a la política monetaria y cambiaria, así como la protección para las inversiones en las propiedades extranjeras nacionalizadas previamente en Cuba.
A pesar de la persistencia del bloqueo económico de los Estados Unidos contra la Isla, la experiencia de los últimos 25 años evidencia que Cuba posee importantes atractivos para la inversión extranjera, por lo que una legislación más adecuada para su promoción será de suma importancia a fin de incrementar el ritmo de desarrollo de la economía en el futuro inmediato y a largo plazo.
* El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (La Habana).
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