Amigos y enemigos, extranjeros o norteamericanos, ciudadanos comunes o líderes políticos, todos son posibles blancos del espionaje de Estados Unidos.
El expresidente de ese país, James Carter, aseguró en una entrevista que las agencias de inteligencia lo están espiando a él. Tanto es así, que se abstiene de usar correo electrónico.
“Creo que si envío un correo electrónico será objeto de seguimiento”, dijo. “Cuando quiero comunicarme con un líder extranjero en privado, escribo una carta, la pongo en la oficina de correos y la envío”.
Asimismo, opinó que la Agencia de Seguridad Nacional y otras similares han abusado del argumento de que la recolección de datos es fundamental para la seguridad del país.
Pero el más reciente escándalo de espionaje doméstico en Estados Unidos no tiene que ver con Carter, sino con el enfrentamiento entre una poderosa senadora y la más importante agencia de inteligencia del país.
Diane Feinstein asegura que la CIA interfirió en una investigación del Comité de Inteligencia del Senado que ella dirige, sobre el controvertido programa de interrogatorios que se aplicó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Del otro lado, la CIA no solo rechaza esas declaraciones sino que acusa a su vez al Comité de haber hackeado la red de la Agencia.
En el 2009 el Comité inició una investigación sobre el programa de detenciones e interrogatorios de la CIA, el cual incluye técnicas de tortura como el waterboarding o ahogamiento simulado. Para eso, revisaron unas seis millones de páginas de documentos en computadoras protegidas a las cuales la Agencia no podía tener acceso, según un acuerdo entre ambas partes.
El resultado fue un reporte titulado “Informe sobre la tortura”, donde se concluye que esas técnicas habían sido un “terrible error”, y que la CIA había afirmado falsamente que la tortura y otros actos de brutalidad produjeron información útil. Ese texto aún no ha sido publicado.
La causa del actual intercambio de acusaciones es que, según Feinstein, la CIA violó su acuerdo sobre el monitoreo del uso de las computadoras.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha tomado cartas en el asunto: “Ellos ponen en entredicho la capacidad del Congreso para llevar a cabo sus deberes”, escribió.
Los comités de inteligencia fueron creados para hacer frente a las revelaciones de espionaje durante la administración Nixon. Además, el Congreso tiene la autoridad constitucional para hacer una supervisión estricta de las actividades de la rama ejecutiva, y en Estados Unidos son especialmente “celosos” con la “separación de poderes”.
Ahora las deliberaciones dependen del Departamento de Justicia, que debe descifrar si la CIA violó la ley, buscando en las computadoras del Senado, o si los miembros del Comité hackearon el sistema de la Agencia para obtener documentos clasificados.
“Es la pelea más grave desde que se establecieron los comités de inteligencia”, dijo Amy Zegart, exfuncionaria del Consejo de Seguridad Nacional y miembro de la Hoover Institution, de la Universidad de Stanford.
Lo más alarmante —explicó al sitio web Politico— es que las declaraciones de la Senadora se separan de su reputación bien establecida como firme defensora de la otra ala de la comunidad de inteligencia: la Agencia de Seguridad Nacional.
Cuando alguien que dice que se puede confiar ahora dice que no se puede, es realmente malo”, dijo Zegart.
Pero dentro del fuego cruzado sobre quién espió a quién se ha perdido la causa primaria de la discordia: el informe sobre las actividades de la CIA. ¿Será publicado finalmente?
“El pueblo estadounidense merece una contabilidad adecuada y precisa de la historia, la gestión, el funcionamiento y la eficacia de este programa”, aseveró el senador Mark Udall, miembro del Comité de Inteligencia. En una carta al presidente, Barack Obama, dijo que sacar a la luz el informe serviría para “dejar atrás este capítulo oscuro”.
Feinstein asegura que cuenta con los votos necesarios para que sea divulgado el estudio de 6 300 páginas sobre las técnicas de interrogatorio empleadas por la CIA durante la administración de George W. Bush, muchas consideradas como tortura.
Según varias personas que han leído el reporte, se llega a la conclusión de que la Agencia obtuvo poca información valiosa de sus brutales interrogatorios a detenidos de Al Qaeda, y que los funcionarios de la CIA engañaron repetidamente a la Casa Blanca, al Congreso y a la opinión pública.
Michael Brenner, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Pittsburgh, acusa a Obama de violar su juramento, por no respetar el derecho del Congreso a supervisar a la CIA. “Su director, actualmente John Brennan, es nombrado por el presidente y responde a él”, escribió en The Huffington Post.
El mandatario ha querido mostrarse distante del debate, y dijo que no es “apropiado” para él entrometerse, pues está ahora en manos del Departamento de Justicia.
Para el profesor Brenner, “argumentos jurídicos poco honestos del Ejecutivo para justificar la vigilancia masiva y el espionaje no pueden aplicarse en este caso. Por lo tanto, la aprobación del Presidente de la conducta de la CIA constituye un desafío a la propia Constitución”.
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