Olmedo Beluche
Frente a la crisis producida por la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, hay que señalar que la responsabilidad es del Gobierno panameño, que convirtió las relaciones exteriores en punta de lanza de los recalcitrantes intereses del imperialismo estadounidense para tratar de derribar a un gobierno legítimo.
Esquemas semejantes fueron usados por Estados Unidos (EU) para derrocar los gobiernos progresistas de Gualberto Villarroel, en Bolivia (1946); Juan D. Perón, en Argentina (1955), Jacobo Arbenz en Guatemala (1954); Salvador Allende, en Chile (1972); José Zelaya, en Honduras (2009) y Fernando Lugo, en Paraguay (2012) y otros más.
Desde 2009, este gobierno actúa en política internacional como lacayo de intereses retrógrados: dictaminó que Jerusalén era la capital de
Israel; apoyó el golpe militar ilegítimo contra el presidente Zelaya y el golpe de Estado contra Lugo; se puso del lado de Japón contra China en una disputa de límites; intentó crear un falso conflicto limítrofe con Nicaragua para legitimar las pretensiones colombianas en el Caribe, y votó contra el reconocimiento de Palestina en la Asamblea General de la ONU, junto a media docena de países títeres de EU.
Este gobierno carece de legitimidad para hablar de democracia y derechos humanos, tanto en Panamá como en Venezuela. La Policía Nacional masacró a trabajadores bananeros de Changuinola en julio de 2010, dejando 10 muertos y 50 heridos de gravedad; una situación semejante se produjo en el verano de 2012, en San Félix, y en la ciudad de Colón, en octubre de 2012, donde murieron otras cuatro personas. Ni siquiera vamos a listar los otros derechos democráticos, económicos y sociales pisoteados.
La situación venezolana actual nada tiene que ver con lo que pasó en Panamá en 1989, como falsamente argumenta Arturo Vallarino, embajador del régimen panameño en la OEA, porque acá al anularse las elecciones de aquel año se había roto el orden constitucional, mientras que Nicolás Maduro es el presidente legítimo y democráticamente elegido por el pueblo venezolano, lo que no quieren reconocer ni la oposición de extrema derecha de ese país ni el imperialismo yanqui ni el gobierno lacayo de Martinelli.
La partidocracia local (oficialista y de “oposición”) es amiga de la partidocracia venezolana de “adecos” y “copeyanos”, que controló ese país por 30 años hasta que el pueblo se cansó y los echó del poder en 1998. Ejemplo que temen que el pueblo panameño imite pronto. Por eso, todos están unidos contra Venezuela.
En la patria de Bolívar se juega hoy el futuro de América Latina, atenazada entre un pasado de miseria y explotación a manos de las oligarquías locales y los intereses colonialistas de EU, o la esperanza de un futuro de independencia nacional, democracia social, justicia social y equidad económica.
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Frente a la crisis producida por la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, hay que señalar que la responsabilidad es del Gobierno panameño, que convirtió las relaciones exteriores en punta de lanza de los recalcitrantes intereses del imperialismo estadounidense para tratar de derribar a un gobierno legítimo.
Esquemas semejantes fueron usados por Estados Unidos (EU) para derrocar los gobiernos progresistas de Gualberto Villarroel, en Bolivia (1946); Juan D. Perón, en Argentina (1955), Jacobo Arbenz en Guatemala (1954); Salvador Allende, en Chile (1972); José Zelaya, en Honduras (2009) y Fernando Lugo, en Paraguay (2012) y otros más.
Desde 2009, este gobierno actúa en política internacional como lacayo de intereses retrógrados: dictaminó que Jerusalén era la capital de
Israel; apoyó el golpe militar ilegítimo contra el presidente Zelaya y el golpe de Estado contra Lugo; se puso del lado de Japón contra China en una disputa de límites; intentó crear un falso conflicto limítrofe con Nicaragua para legitimar las pretensiones colombianas en el Caribe, y votó contra el reconocimiento de Palestina en la Asamblea General de la ONU, junto a media docena de países títeres de EU.
Este gobierno carece de legitimidad para hablar de democracia y derechos humanos, tanto en Panamá como en Venezuela. La Policía Nacional masacró a trabajadores bananeros de Changuinola en julio de 2010, dejando 10 muertos y 50 heridos de gravedad; una situación semejante se produjo en el verano de 2012, en San Félix, y en la ciudad de Colón, en octubre de 2012, donde murieron otras cuatro personas. Ni siquiera vamos a listar los otros derechos democráticos, económicos y sociales pisoteados.
La situación venezolana actual nada tiene que ver con lo que pasó en Panamá en 1989, como falsamente argumenta Arturo Vallarino, embajador del régimen panameño en la OEA, porque acá al anularse las elecciones de aquel año se había roto el orden constitucional, mientras que Nicolás Maduro es el presidente legítimo y democráticamente elegido por el pueblo venezolano, lo que no quieren reconocer ni la oposición de extrema derecha de ese país ni el imperialismo yanqui ni el gobierno lacayo de Martinelli.
La partidocracia local (oficialista y de “oposición”) es amiga de la partidocracia venezolana de “adecos” y “copeyanos”, que controló ese país por 30 años hasta que el pueblo se cansó y los echó del poder en 1998. Ejemplo que temen que el pueblo panameño imite pronto. Por eso, todos están unidos contra Venezuela.
En la patria de Bolívar se juega hoy el futuro de América Latina, atenazada entre un pasado de miseria y explotación a manos de las oligarquías locales y los intereses colonialistas de EU, o la esperanza de un futuro de independencia nacional, democracia social, justicia social y equidad económica.
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